La Fiscalía pide diez años de cárcel para un acusado para el que solicitó en 2005 una pena de 111
MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal juzgará a partir de hoy, miércoles, a seis miembros de los colectivos juveniles Jarrai, Haika y SEGI que se enfrentan a diez años de cárcel por su "sumisión jerárquica" a la organización terrorista ETA.
Los acusados, que no se presentaron al juicio que la Audiencia Nacional celebró en 2005, son Asier Tapia Zulaika --para el que la Fiscalía pidió entonces una pena de 111 años y diez meses de cárcel--, Zigor Ruiz Jaso, Eneko Aizpuru Giraldo, Garikoitz Múgica Zubiarrain, Oier Oa Pujol y Araitz Zubimendi Izaga. A todos ellos se les imputa un delito de integración en organización terrorista.
En aquel juicio el entonces fiscal Enrique Molina acusaba a Tapia de este delito, así como de otros 17 de daños terroristas (15 consumados y 2 intentados) y tres de incendio de domicilios particulares por los disturbios que se produjeron en varias localidades del País Vasco después de que el 6 de marzo de 2001 éste protagonizara una rueda de prensa en la que llamó a responder "con todo nuestro enfado a los que quieren aniquilar y vender a este pueblo".
Según el escrito de acusación, Tapia fue citado en la sede de Herri Batasuna-Euskal Herritarrok para preparar la rueda de prensa, que se produjo en un hotel de la capital donostiarra al que acudió en compañía del líder de la formación ilegalizada Arnaldo Otegi. Éste le aconsejó leer el comunicado "con arrogancia y mirando cada cierto tiempo a las cámaras de los periodistas", según el fiscal.
En cuanto a Ruiz Jaso, el Ministerio Público considera que era responsable de la organización SEGI en Navarra, que recogió el testigo de Jarrai y Haika, tal y como él mismo reconoció en varias ruedas de prensa y entrevistas.
EL FRENTE DE MASAS DE ETA
El nuevo informe de acusación, que ha sido redactado por el fiscal Carlos Bautista, defiende que tanto estos dos acusados como los otros cuatro asumieron "el compromiso de liderar las labores de planificación, dirección y ejecución de las actividades de Jarrai, Haika o de SEGI en distintos niveles de su organización territorial".
Estas actividades fueron desarrolladas "en diversos ámbitos de especialización, si bien el compromiso militante de todos ellos y su grado de formación" les llevó a tener "pleno conocimiento de sus vínculos orgánicos dentro del sistrma de organizaciones integradas en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), con el referente de la organización armada". La interacción entre las organizaciones juveniles y ETA superaba "la mera comunidad de objetivos y afinidad ideológica", según el fiscal.
En su escrito, Bautista también reproduce las consideraciones realizadas por Molina en 2005 para sostener que estos tres colectivos son organizaciones dependientes del frente de masas de ETA, organización con la que mantiene "identidad de objetivos, sumisión jerárquica y unidad financiera".
Según el Ministerio Público, ETA ha definido distintos niveles de lucha, entre las que cita la "lucha de masas", dividida a su vez en la "legal" (manifestaciones y concentraciones), la "semilegal" (barricadas, impulso de huelgas y jornadas de lucha, carteles, cartas y llamadas telefónicas amenazantes) y la ilegal (complemento de la lucha armada y que se materializa en actos de sabotaje).
De igual modo, el fiscal afirma que los asesinatos de Gregorio Ordóñez, máximo responsable del PP en Guipúzcoa, y del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goicoechea "fueron seguidos de una labor de 'imposición pedagógica' respaldada por ETA, KAS y Jarrai, a raíz de la cual fueron numerosos los miembros de los partidos políticos denominados 'constitucionalistas' y de la Policía Autónoma Vasca que sufrirán las consecuencias de la presión de ETA, no sólo contra sus vidas sino con ataques contra su patrimonio".
ORGANIZACIONES TERRORISTAS
En enero de 2007, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declaró que Jarrai, Haika y SEGI son organizaciones terroristas por formar parte de ETA. Por esta razón, el alto tribunal aumentó a seis años de cárcel las condenas de entre dos años y medio y tres años y medio que la Audiencia Nacional impuso a 24 acusados en junio de 2005.
Aunque la acusación estaba dirigida en un principio contra 42 personas, para las que se pedían 654 años de cárcel, al juicio en la Audiencia Nacional únicamente se presentaron 33. Durante la vista, la Fiscalía retiró la acusación contra cinco y en su sentencia el tribunal decidió absolver a otros cuatro.
