La Audiencia Nacional juzgará el miércoles a 'Kantauri' y 'Lola' por el secuestro del industrial José María Aldaya

Actualizado: viernes, 25 abril 2008 21:25
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   MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Audiencia Nacional juzgará el próximo miércoles a los miembros de la organización terrorista ETA Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri', y Dolores López Resina, alias 'Lola', por participar en el secuestro del industrial vasco José María Aldaya, que permaneció retenido por la banda entre el 8 de mayo de 1995 y el 14 de abril de 1996.

   El fiscal Ignacio Gordillo solicita que 'Kantauri', al que acusa de ordena el secuestro, y 'Lola' sean condenados a 17 años de prisión por un delito de detención ilegal bajo rescate. Pide además que, junto a Francisco José Ramada y Sagrario Yoldi --condenados en 2004 a 17 y 8 años de prisión, respectivamente, por estos hechos-- indemnicen a Aldaya con 350 millones de euros, 150 por la cantidad pagada en concepto de rescate y otros 200 por los daños morales que sufrió.

   Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, 'Kantauri' propuso en 1993 a Ramada que se integrara en el sector de ETA dedicado a la ejecución de secuestros y le facilitó, a través de un enlace, el dinero necesario para adquirir una nave industrial en el barrio de Venta de Irún (Guipúzcoa) en el que fue confinado el empresario.

   Posteriormente Ramada y 'Lola' construyeron y acondicionaron en la nave industrial un zulo de tres metros y medio de largo, uno de ancho y dos de alto. Además, la etarra participó directamente en el secuestro, asaltando el 8 de mayo de 1995 el vehículo de Aldaya cuando volvía a su domicilio de Fuenterrabía (Guipúzcoa) junto a otros compañeros de comando y conduciendo al empresario hasta la nave tras encapucharlo y ponerle una inyección en un brazo.

   El secuestro fue reivindicado por ETA mediante una llamada al diario 'Egin' que se produjo el 25 de mayo de 1995. El industrial fue liberado 341 días después en el Alto de Azcárate de Elgóibar (Guipúzcoa), una vez que la familia y su empresa, Alditrans, pagaran "una cuantiosa suma de dinero no exactamente determinada pero no inferior a 150 millones de pesetas", según el fiscal.