29 de mayo de 2020
23 de enero de 2008

La Audiencia Nacional no paraliza las obras del túnel de Barcelona pero obliga a que se le vaya informando

La Sala advierte de que la medida cautelar podría ser adoptada en el futuro si no se cumplen las medidas medioambientales

La Audiencia Nacional no paraliza las obras del túnel de Barcelona pero obliga a que se le vaya informando
EP

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido hoy "la no suspensión" de las obras de construcción del túnel del AVE que transcurre por el subsuelo de Barcelona pero obliga a la administración a que "vaya informando a la Sala de las contingencias del proyecto constructivo", según el auto hecho público hoy.

La Sala considera en su dictamen que existe "una razón implícita de interés general" para no paralizar el proyecto y que, por el momento, "no se advierten perjuicios irreparables" dado que el proceso se encuentra en fase de "un estudio informativo que no implica la inmediata ejecución de la obra que será presentada en un futuro".

Sin embargo, advierte de que la medida cautelar "podría ser nuevamente acordada en un momento ulterior" y por ello, considera "razonable" que se le informe sobre "la compatibilidad entre el estudio y las obligadas concreciones del proyecto de construcción" por si surgiera alguna "incompatibilidad, imposibilidad o dificultad extrema".

La Audiencia Nacional rechaza así el recurso presentado por el patronato de la Junta Constructora de la Sagrada Familia que pedía la paralización cautelar de las obras del túnel por el "grave riesgo irreversible" que podría suponer para su estructura su paso a 1,75 metros del subsuelo del templo de Gaudí.

Por su parte, el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, que defendían la no paralización del proyecto, alegaron durante el trámite del recurso que aún está pendiente de elaborar el análisis técnico de los posibles perjuicios que las obras podrían provocar al templo y que éstas no comenzarán a ejecutarse hasta 2009.

El patronato pedía la impugnación de la resolución de junio de 2007 del secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, que aprobó, al mismo tiempo, el expediente de información pública y el trazado definitivo del túnel por el subsuelo de Barcelona, que unirá la actual estación de Sants con la futura estación de La Segrera.

SUBORDINADO A MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES.

El auto recuerda a las administraciones implicadas en la construcción que ellas mismas "subordinan el trazado escogido al cumplimiento de catorce condiciones, contempladas en la Declaración Medioambiental, que gravitará sobre la pertinente salvaguardia medio-ambiental, el entorno artístico-cultural y la propia seguridad del hábitat urbano de la Ciudad Condal".

El no cumplimiento de las medidas supondría la "reconsideración de la medida cautelar". El trazado aprobado incluye la ejecución de un tratamiento de protección para el tramo de túnel que pasa junto a la Sagrada Familia.

En concreto, antes del paso de la tuneladora, se dispondrá de una protección específica mediante una pantalla permeable de pilotes de 1,5 metros de diámetro y unos 40 metros de profundidad, y posteriormente se construirá un dado longitudinal de hormigón junto a la pantalla y se mejorará el terreno mediante inyecciones de consolidación.

El proyecto contará con un plazo de ejecución de dos años y once meses, con el fin de que su ejecución coincida con el nuevo plazo que el Ministerio de Fomento dio para la conexión AVE Barcelona-frontera francesa, establecido para 2012.

El pasado viernes 19 de enero, Fomento adjudicó el proyecto del túnel del AVE por Barcelona a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por la constructora Sacyr por 179,33 millones de euros. El contrato contempla la ejecución del tramo de 5,64 kilómetros de subterráneo que unirá la actual estación de Sants con la futura estación de La Sagrera.

El Tribunal de la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo estuvo presidido por José Luis Sánchez Díaz y compuesto por los magistrados Elisa Veiga, José Alberto Fernández y Juan Carlos Fernández de Aguirre.