Deberán explicar las torturas de monjes, la muerte de cientos de tibetanos en las cárceles o la esterilización de mujeres desde 1950
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a las autoridades de la República Popular China que interroguen al ex presidente Jiang Zemin y a otros seis altos cargos como supuestos autores de delitos de lesa humanidad, genocidio, torturas y terrorismo. El juez ha cursado una comisión rogatoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, dentro de la causa que investiga la represión cometida en Tíbet a partir de 1950.
En su escrito, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional exige las declaraciones del ex presidente Zemin y otros históricos del Partido Comunista, como el secretario del Partido en el Tíbet durante el periodo 1971-1980, Ren Rong; su sucesor en el cargo hasta 1985 y participante en la ocupación, Yin Fatang; y el secretario del Partido en la Región Autónoma desde 1992 hasta 2001, Chen Kuiyuan.
Asimismo, pide la remisión "urgente" de las respuestas de varios ex responsables del Gobierno chino, entre ellos el primer ministro durante la etapa 1998-2003, Li Peng; el jefe de la Seguridad China y responsable de la Policía Armada Popular durante la represión de finales de los 80; y el ministro de Planificación Familiar en los años 90, Deng Deiyun.
Todos ellos están acusados de amparar crímenes contra el pueblo tibetano por "la práctica sistemática de la tortura", de promover medidas dirigidas a "impedir" la reproducción de las mujeres del grupo y de realizar "desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias" durante el periodo comprendido entre 1950 y 1979. El magistrado admitió a trámite la querella criminal en enero de 2006 presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la Fundación Casa del Tíbet y la asociación Thuben Wangcheg Sherpa Sherpa.
Moreno envió, según la comisión rogatoria fechada en noviembre de 2008, un total de 44 preguntas para el ex presidente chino. Entre ellas, cuestiona si tuvo conocimiento, ordenó o mandó investigar el "número indeterminado" de torturas y muertes registradas en las cárceles, las medidas represivas cometidas contra los monjes tibetanos o las esterilizaciones y abortos dirigidas a mujeres tibetanas para impedir la reproducción del colectivo.
"¿DÓNDE ESTÁ EL SUCESOR DEL DALAI LAMA?".
El alto mandatario también deberá dar cuenta sobre las desapariciones de numerosos tibetanos, entre ellas la del niño de seis años elegido por el Dalai Lama, Gendun Choekyi, como segunda máxima autoridad espiritual de esta región del Himalaya. "¿Tenía conocimiento que como consecuencia de estas huidas clandestinas por los altos pasos del Himalaya numerosos tibetanos, entre ellos niños, murieron antes de llegar al exilio, tratando de huir de los militares?", interroga el juez, en referencia a la represión dictada por el régimen comunista.
Por otra parte, el resto de querellados deberá también declarar sobre las órdenes de suprimir "con violencia" a los tibetanos que participaron en las protestas pacíficas de septiembre de 1987, acerca la ley marcial dictada en 1989 que derivó en el asesinato de 450 personas, otras 350 desaparecidas y 3000 detenciones, o sobre la la política dirigida a restringir los nacimientos en el seno del pueblo tibetano "con miras a mejorar la calidad de la población".
SEGUNDA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TÍBET
Con motivo de este procedimiento, España se convirtió en el primer país del mundo en admitir querellas criminales contra el Gobierno chino. La causa se abrió después de que el Tribunal Constitucional dictara en 2005 una sentencia histórica que establecía la competencia de la Justicia española para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad en el extranjero, aunque no haya víctimas españolas.
En estos momentos, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tiene abierta otra investigación sobre la represión que se produjo en marzo de 2008 en el Tíbet y que, según las asociaciones querellantes, causó "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".
A tres días de la celebración de los Juegos Olímpicos, el juez instructor admitió a trámite el pasado mes de agosto esta querella contra dos ministros y siete altos cargos de la República Popular China.
