Fiscalía pide 8 años de prisión para el principal acusado
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará mañana (09.30 horas) el juicio contra un jefe de la Dirección Provincial de Tráfico de Las Palmas que se hizo pasar por gestor y abogado para estafar desde el año 2000 a 2004 a "innumerables" inmigrantes que querían regularizar su situación y a quienes cobraba entre 120 y 600 euros.
La Fiscalía ha solicitado imponer 8 años de prisión para P.P.M.S., acusado de presuntos delitos de intrusismo, estafa y depósito de munición, así como tres años de cárcel para su hija M.L.M.Z., D.V.R. y J.P.A. --este último fallecido--, acusados un presunto delito de estafa, según el documento de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.
En su escrito, el fiscal sostiene que durante los años 2000 a 2004 el acusado P.P.M.S., funcionario de la Administración General del Estado adscrito como jefe de negociado a la Dirección Provincial de Tráfico, aprovechó "el habitual desconocimiento en materia de legislación sobre extranjería de los inmigrantes que arriban a España, su imperiosa necesidad de regularizar su situación y sus evidentes carencias económicas derivadas de su situación de desarraigo".
Así pues, el procesado se hizo "pasar por gestor en unas ocasiones y en otras por abogado sin que esté en posesión de ninguna de esas dos titulaciones, ni inscrito en ninguno de los dos colegios profesionales".
De este modo, mantuvo contacto con "innumerables ciudadanos de otros países" que por esa época llegaron a Gran Canaria "buscando un mejor porvernir para ellos y sus familiares".
LES "INMUNIZABA"
Tras solicitarles diversas cantidades que oscilaban entre 120 euros y 600 euros, "se comprometía a gestionar la tramitación de su documentación (básicamente permiso de trabajo y residencia y en otras ocasiones altas en la Seguridad Social), asegurándoles bien la obtención de la citada documentación, bien su inexpulsabilidad al hacerles creer que la presentación de recursos en vía contencioso administrativa (que confeccionaba personalmente) les "inmunizaba" frente a eventuales expedientes gubernativos de expulsión".
En el domicilio del acusado ubicado en la capital grancanaria fueron encontrados más de 1.000 expedientes personalizados de inmigrantes en los que figuraban las gestiones practicadas y los cobros económicos efectuados o pendientes de realizar por parte de éstos, según el fiscal, que sostiene que P.P.M.S. "engañó durante la referida época a múltiples ciudadanos", aunque sólo ha sido posible localizar a 22 personas naturales de Colombia, Uruguay, Venezuela.
"Estas personas son sólo una pequeña muestra del conjunto total de inmigrantes engañados por el acusado, sin que haya sido posible la localización de los restantes, dado el tiempo transcurrido y la habitual movilidad de estos últimos", añade el fiscal.
En el interior del domicilio de P.P.M. fueron halladas dos armas inutilizadas, además de dos cajas de munición militar de nueve milímetros parabellum conteniendo cada una de ellas 50 y 43 proyectiles respectivamente, sin que el acusado haya dado explicación alguna acerca de su posesión y el uso al que estaban destinadas.
"PINGÜES GANANCIAS"
Según el fiscal, el resto de los acusados, entre los que se encuentra la hija del procesado, tenía pleno conocimiento de la actividad desarrollada por P.P.M. y participaron de forma lucrativa en las "pingües ganancias" por éste obtenidas, "le auxiliaban en el mantenimiento y ejecución de toda la operativa descrita, bien realizando funciones de recepción de los inmigrantes en el domicilio y despacho, o redactando personalmente los formularios utilizados, acompañando a los inmigrantes a las dependencias de la Delegación del Gobierno o presentando ellos mismos personalmente o por correo las referidas solicitudes, actividades todas éstas que, por el volumen de inmigrantes contactados no hubiera podido realizar por sí solo".
Por todo ello, el Ministerio Público solicita imponer a P.P.M.S. por el delito de intrusismo un año de multa con una cuota diaria de 30 euros; por el delito de estafa 6 años de prisión y multa de 10 meses con una cuota diaria de 30 euros; y por el depósito de munición dos años de prisión.
Asimismo, solicita para D.V.R. y M.L.M.Z. la pena de tres años de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros.
Igualmente, solicita que los acusados indemnicen a los perjudicados citados en el escrito de la Fiscalía en las cantidades que abonaron.
