De los 102 expedientes de ayudas revisados en 2011 sólo seis contaban con solicitud y 50 de ellos "sin ningún documento"
SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Nuria Mendoza Domínguez, auditora la Cámara de Cuentas, ha señalado este lunes que las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos "no respondían absolutamente a ningún criterio", pues, según ha añadido, en los expedientes "no aparecía vinculación a marco legal" alguno, añadiendo al respecto que los expedientes administrativos era "la anarquía, cada uno era distinto al anterior".
Mendoza Domínguez ha declarado este lunes como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE irregulares entre los años 2001 y 2010.
Precisamente Mendoza Domínguez, con más 28 años de experiencia de auditora, fue la coordinadora del equipo de la Cámara de Cuentas que revisó los expedientes de concesión de ayudas por la Dirección General de Trabajo a petición del Consejo de Gobierno y de la Comisión de Hacienda del Parlamento en 2011, una vez que se abrió la causa judicial por los ERE en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
En concreto se analizaron, como muestra, un total de 102 expedientes de ayudas, de los que "seis contaban con solicitud de las ayudas, 50 sin ningún documento y 46 recogían protocolos, acuerdos o actas". Respecto a esto último ha apuntado que "dábamos por bueno cualquier cosa".
Mendoza Domínguez, que ha ido ratificando cada una de las conclusiones del informe definitivo aprobado a mediados de 2012, ha sido preguntada por el Ministerio Fiscal sobre si las ayudas se concedieron al amparo de las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 de ayudas previas a la jubilación y excepcionales a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresa y ha explicado que "no había referencia alguna en los expedientes a estas órdenes", asegurando que las ayudas "no respondían absolutamente a ningún criterio, sino que cada expediente era distinto".
Además, ha indicado que "no aparecía vinculación a marco legal" alguno, precisando que analizaron las subvenciones excepcionales dadas bajo el "paraguas" normativo existente en la comunidad andaluza, la Ley de Hacienda Pública y del Reglamento de Subvenciones. "Pedíamos lo mínimo en concesión de ayudas, solicitud, seguimiento de los fondos, justificación de finalidad, memoria, etc", ha afirmado.
