MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El autor del informe muy secreto que ponía al corriente al Gobierno del PP del uso de aeropuertos españoles para el traslado de presos a la base norteamericana de Guantánamo (Cuba), Miguel Aguirre de Cárcer, aseguró hoy en la Audiencia Nacional que trasladó al entonces ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué la petición realizada por la Embajada de Estados Unidos para efectuar estos traslados, y añadió que cree que se contestó "afirmativamente" aunque no recuerda "cómo se trasladó la respuesta".
"Fue una decisión política, aunque no sé quién o cómo decidió la contestación ni quién la autorizó ni cómo se gestó la decisión concreta", señaló Aguirre de Cárcer, ex director general de Política Exterior para América del Norte, Seguridad y Desarme, durante su comparecencia como testigo en la causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, para determinar si vuelos militares y de la CIA que trasladaban presos de Al Qaeda pudieron realizar escalas en territorio español.
Durante su declaración, que se prolongó durante casi dos horas, señaló que la petición de autorización de Estados Unidos para realizar vuelos en casos de emergencia se efectuó de forma "oral" por parte de "un consejero" de la Embajada con el que había tratado anteriormente, aunque aseguró no recordar su nombre. Señaló que esta forma de actuar "no es excepcional y más dadas las circunstancias de ese tiempo".
TRASLADÓ EL ASUNTO A PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Entonces, según su relato, se dirigió al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, al considerar que se trataba de una decisión que no era "de carácter técnico-militar" sino que tenía "un carácter político referido al Convenio Exterior para Política de Defensa".
Aguirre de Cárcer reconoció haber redactado el informe el 10 de enero de 2002 y señaló que se lo entregó "en mano" al entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Miquel Nadal, para que "lo despachara con el ministro". Al día siguiente, remitió una nota de la copia informativa sobre este asunto al secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte. Además, habló con el entonces director del departamento de Internacional y Seguridad de la Presidencia del Gobierno, Ramón Gil Casares, porque el asunto "involucraba a dos ministerios".
En este sentido, señaló que el 11 de enero de 2002 Nadal le comentó que "se iba a contestar afirmativamente" a la petición norteamericana aunque la respuesta no le correspondió a él porque fue adoptada "en las instancias políticas". En todo caso, aseguró no saber "si la decisión la tomó el ministro de Asuntos Exteriores". "Hace varios años de los hechos", se justificó.
"NO HUBO ESCALAS"
A preguntas de juez Ismael Moreno, Aguirre de Cárcer manifestó que, en relación con los vuelos militares, "no se presentó ocasión de que se produjera ninguna escala ni siquiera en caso de emergencia", ni en "ningún momento" se le comunicó la existencia de una situación de estas características.
A pesar de ello, reconoció tener constancia que desde enero de 2002 cuatro aviones C-17 norteamericanos permanecieron estacionados en la base de Morón de la Frontera (Sevilla). A este respecto, dijo pensar que esos aviones podrían "servir de reserva" en caso de emergencia, extremo que en todo caso no le consta con seguridad. Además, se le dijo que estos aparatos estaban "preparados en la región pero no que estuvieran físicamente en aeropuertos o bases españolas".
En este sentido, aseguró que la Embajada de Estados Unidos le comunicó de forma directa que el traslado de prisioneros desde Afganistán a Guantánamo iba a realizarse "sin escalas". "Entre estados aliados se entiende que ninguno de ellos va a realizar una actuación que incumpla lo acordado", dijo.
INFORMACIÓN QUE NO ERA DE CONOCIMIENTO PÚBLICO
Del mismo modo, justificó el carácter "muy secreto" que atribuyó al documento argumentando que la información sobre el traslado de prisioneros "no era en ese momento de conocimiento público". Asimismo, añadió que el consejero norteamericano le dio datos de operaciones militares de Estados Unidos y recordó que en aquel momento este país "se encontraba en una situación bélica".
Preguntado por uno de los abogados que ejercen la acusación popular en la causa si conocía las condiciones a las que iban a ser sometidos los prisioneros trasladados, se limitó a decir que "no se interesó por eso" porque, según argumentó, él no es "jurista sino diplomático". Lo único que sabía, según explicó, es que eran "talibanes de Al Qaeda".
Además de la Fiscalía, en la causa está personada como acusación popular una plataforma de ciudadanos denominada Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que inició el proceso en un juzgado de Palma de Mallorca, y a la que se adhirieron cuando la causa comentó a investigarse en la Audiencia Nacional tanto Izquierda Unida (IU) como la Asociación Libre de Abogados (ALA).
