BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los dos psiquiatras que trabajaban para las clínicas de Barcelona investigadas por realizar abortos ilegales no visitaban a las mujeres que querían interrumpir su embarazo. Los especialistas sólo extendían informes en los que justificaban que existía un grave peligro para la salud de la embarazada, según el auto judicial.
Estas son dos de las principales acusaciones que la juez que lleva el caso hace constar en su auto de levantamiento del secreto del sumario sobre las clínicas TCB y Ginemedex, del ginecólogo Carlos Morín.
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, sólo mantiene el secreto sobre la identidad o intimidad de las más de 2.700 mujeres que en 2007 abortaron en estas clínicas barcelonesas.
