MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El extesorero del Partido Popular (PP) de Castilla-La Mancha Lamberto García Pineda ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la donación de 200.000 euros que, según el antiguo responsable de las finanzas nacionales Luis Bárcenas, el Ayuntamiento otorgó en 2007 a la empresa Sufi a cambio de la adjudicación de un contrato para la recogida de basuras, y ha asegurado que su posición en la organización era la de "una figura decorativa sin funciones ejecutivas", según fuentes jurídicas presentes en su comparecencia.
García Pineda, que ha declarado durante cuarenta minutos en la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la supuesta contabilidad B de los 'populares', ha defendido la legalidad de este contrato que, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se elevó en 11,3 millones de euros, "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho".
El compareciente, que ha abandonado la Audiencia Nacional cubriendo su rostro con un ejemplar del Marca, ha explicado que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el incremento salarial como "un protocolo de intenciones sin eficacia normativa" al que se llegó después de que la empresa y los trabajadores en huelga llegaran a un acuerdo por la proximidad de la fiesta del Corpus aunque ha sostenido que nunca se llegó a ejecutar y que el nuevo Ejecutivo local, del PSOE, lo ignoró. "Debió de quedarse en un cajón", ha dicho.
"TALONES PARA PAPEL HIGIÉNICO"
De igual modo, ha apuntado que aunque le presentaron una vez a la secretaria general del PP y candidata en la región, María Dolores de Cospedal, no solía tratar con ella ni tampoco con el extesorero Luis Bárcenas. Tampoco despachaba con el gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, que firmó dos recibís de 100.000 euros cada uno por orden de Bárcenas. "He firmado cuatro talones en mi vida, algunos de un euro por un café o para papel higiénico", ha asegurado.
Tras indicar que no conoce cómo se financiaban las campañas electorales de Cospedal ni el mecanismo que se utilizaba para recaudar fondos, el extesorero ha asegurado que el PP castellano-manchego nunca tuvo "una caja B", como apuntó Bárcenas en relación con todas las organizaciones provinciales del partido. "Eso sólo lo he leído en la prensa", ha llegado a decir.
García Pineda, que fue concejal de Hacienda y Empleo de Toledo entre 2003 y 2007, ha defendido de esta forma la legalidad de todo el proceso de adjudicación del contrato a Sufi, filial de Sacyr, y ha dicho que su aprobación se realizó a partir de los criterios técnicos que se analizaron en una comisión técnica de valoración y una comisión externa.
PREGUNTAS QUE "AFECTAN A LA DIGNIDAD"
En un momento del interrogatorio el juez Ruz ha preguntado al imputado si existía alguna vinculación entre la decisión de la mesa de contratación, de la que él formaba parte, y la supuesta donación al PP. "La duda ofende. Esa pregunta afecta a mi dignidad", ha contestado el extesorero, visiblemente enfadado.
En su informe, la IGAE sostiene que el coste de ese contrato para las arcas públicas pasó en dos meses de 6,13 millones anuales a 17,4 millones de euros por la necesidad de actualizar el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa. La decisión la aprobó la Junta de Gobierno de Toledo del PP el 23 de mayo de 2007 y la ratificó en noviembre de ese año el nuevo equipo de Gobierno del PSOE.
En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio de 2013, Bárcenas vinculó este contrato a una donación de Sacyr para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP "jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha".
El contrato investigado contemplaba la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte al centro de tratamiento en todo el término municipal de Toledo. La Junta de Gobierno de la Ciudad, controlada por el PP, lo aprobó en diciembre de 2006 por un coste de 6,13 millones de euros.
SUPUESTO SOBRECOSTE
Sin embargo, el 23 de mayo de 2007, cuatro días antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año y tras un conflicto laboral, el Gobierno local, dirigido por José Manuel Molina (PP), modificó el convenio colectivo de los trabajadores para que se introdujeran "incrementos salariales por encima de los índices de revisión de precios de la concesión", lo que provocó la "modificación del precio del contrato".
Este compromiso se confirmó con un "acuerdo de ejecución y mantenimiento del equilibrio financiero de la concesión" que el Ayuntamiento de Toledo, gobernado desde las elecciones por el socialista Emiliano García-Page, aprobó el 15 de noviembre de 2007. Entonces se contempló un "sobrecoste" para las arcas públicas de 7,2 millones para los diez años de contrato y 4,1 millones más adicionales para los cuatro de prórroga.
