BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El 'conseller primer' de la Generalitat, Josep Bargalló, respondió hoy a una interpelación parlamentaria de CiU sobre las cartas enviadas por ERC a trabajadores de la Generalitat exigiéndoles una cuota para la financiación del partido y devolvió el golpe denunciando a su vez que "un diputado de CiU envió cartas al domicilio particular de 21 trabajadores de la Generalitat que no habían sido renovados" con el cambio de Gobierno "que empezaban diciendo 'lamento que el actual Gobierno tripartito no te haya renovado el contrato'".
"A mí este hecho no me hace pensar que ustedes tuvieran acceso a la lista de personas despedidas o a sus datos personales, y tiendo a pensar que conocían la lista de personas por estas mismas personas y su domicilio particular porque lo buscaron en el listín telefónico. Esa es la diferencia entre el que piensa bien de las cosas y el que tiene tendencia a pensar mal de todo", concluyó Bargalló.
La carta a la que hacía referencia estaba firmada por el diputado de CiU Josep Lluís Cleries en "reconocimiento por el buen trabajo" realizado por estas personas y para "lamentar" que "esta decisión" del tripartito "va en detrimento de ofrecer una buena atención a los ciudadanos y ciudadanas", puesto que se trataba de personal de la Conselleria de Bienestar y Familia. Cleries finalizaba la misiva asegurando a su destinatario que CiU había interrogado ya "al departamento qué ha motivado esta actuación tan desafortunada, a mi entender".
El conseller Bargalló utilizó esta revelación para replicar a la denuncia de CiU de la supuesta utilización de los datos personales de los trabajadores de la administración para usos del partido, como el envío de las cartas firmadas por el secretario de Organización y Finanzas de ERC, Xavier Vendrell, asunto sobre el que hay expediente abierto en la Agencia Catalana de Protección de Datos.
La interpelación al 'conseller primer' se convirtió en un cruce de pullas y acusaciones, en las que salieron también a relucir las encuestas encargadas por los gobiernos de CiU que aparecieron en los últimos meses en dependencias de la Generalitat y que, tal como señaló Bargalló, el Gobierno catalán ha enviado finalmente a Fiscalía, algo que "demuestra la confianza" del tripartito en el ministerio fiscal, apostilló.
A este respecto, el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, aseguró tener constancia de que algunos "funcionarios están siendo llamados a un despacho de la Generalitat para hablar de los informes y encuestas realizados en los años 1991 o 1992".
El rifi-rafe dialéctico llevó también a tomar la palabra al presidente de CiU, Artur Mas, para responder a las palabras de Bargalló, quien aseguró que cuando llegó a la 'conselleria primera', además de "ser aplaudido" a su llegada por "trabajadores eventuales, cargos de confianza y funcionarios" que se encontraban en sus dependencias, habló con algún funcionario que le dijo: "si me ve usted en aquella foto, me obligaron".
Mas tomó entonces la palabra "por alusiones", dado que la foto a la que presumiblemente se refería Baragalló era la de los funcionarios junto al anterior 'conseller en cap', en este caso Mas, y simplemente reclamó al conseller que "no mienta sin pruebas".
"IMPUESTOS REVOLUCIONARIOS", SEGÚN PUIG.
Por su parte, Puig insistió en denunciar la "perversión" en la actuación de ERC al enviar cartas para tratar de "cobrar impuestos revolucionarios a trabajadores que no son de Esquerra" y reclamó a los republicanos que "levanten la barrera del peaje laboral" que "cobran a los trabajadores de sus consellerías".
El portavoz de CiU exigió también "una asunción de responsabilidades" por esta cuestión "antes de que lo tengan que hacer" cuando "otras instituciones lo determinen" y reclamó específicamente el cese del secretario general de la 'conselleria primera', Xavier Vendrell.
Puig hizo hincapié en los casos de dos funcionarios que están en manos, uno de la Fiscalía y otro del Síndic de Greuges, por haber sido cesados días después de recibir la carta de ERC. Bargalló aseguró que ninguno de los dos casos -ambos ocupaban cargos de confianza-- "tiene nada que ver el hecho de haber recibido la carta con las decisiones tomadas sobre su situación laboral".
Sobre el caso en manos del Síndic, y que fue denunciado por la funcionaria también a través de las cartas al director de varios periódicos, Bargalló insistió en que el cese fue motivado por "la pérdida de confianza" de la consellera de Educación, Marta Cid, a esta persona pocos meses después de entrar en la conselleria, relevando al propio Bargalló.
El segundo caso, en la Fiscalía, fue un cese a decisión del propio 'conseller primer' también por "pérdida de confianza" en las "responsabilidades profesionales que se le daban" a esta persona, por causas que Bargalló no quiso especificar por "discreción".
El conseller pidió también que no se quiera "liar la cosa por donde no toca" con el caso de las personas cesadas en la empresa de turismo juvenil Tujuca, asegurando que "al Gobierno no le consta ningún despido o desplazamiento motivado por las cartas de ERC porque el Gobierno nunca permitiría un despido o un traslado por motivos de cualquier partido ajenos al Ejecutivo".
"LINCHAMIENTO" A GORDON.
Poco antes, en una pregunta parlamentaria de CiU sobre el mismo asunto, el conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Joan Carretero (ERC), dijo que el funcionario a quien se propuso relevar a Joan Oller como jefe de la Inspección General de Servicios de Personal de la Generalitat, Joan Carles Gordon, lo ha rechazado por "un linchamiento político-mediático".
"Es un funcionario del cual no sabemos ni queremos saber la sección política" -dijo-- y que "había decidido tomar una plaza, de manera reglada", pero "gracias al escándalo que se ha montado, su carrera profesional no ha podido continuar de momento porque ha estado sometido a un linchamiento político-mediático que no se merecía". Así lo reprochó a "toda esta gente que dice que quiere preservar la función pública" pero ha realizado dicho linchamiento.
Además, Carretero aseguró que la decisión de cesar a Joan Oller "se tomó mucho antes de todo esto" y "era fruto, como no podía ser de otra manera, de la libre designación de un gobierno que cree que unidad debe mejorar y busca un perfil diferente de su responsable".
OLLER, CESADO EL 6 DE MARZO.
El conseller atribuyó el relevo en la inspección general a que "con la aprobación de la ley de incompatibilidades de los altos cargos, se decidió dar un impulso firme a esta unidad", que "debe hacer el seguimiento y control" de la incompatibilidad de altos cargos de la Generalitat. Así, "hace unas cuantas semanas" se decidió este relevo y aumentar los recursos humanos de la unidad.
Joan Carretero dijo que así "se comunicó" a Joan Oller el 6 de marzo y que del día 22 "hay registro escrito de la propuesta de su relevo" para que el funcionario propuesto se incorporara desde la Conselleria de Salud. Añadió que "es un relevo normal, fruto de la gestión y de la voluntad de impulso" a la unidad.
En este sentido, subrayó que Oller "continúa con sus tareas de inspección" en la misma unidad y "ha sido uno de los encargados de hacer el seguimiento de toda esta cuestión que se planteado en la prensa", sobre la cual aprovechó para añadir: "No nos consta ninguna denuncia por parte de ningún funcionario ni ante los sindicatos ni ante los órganos de la función pública".
