Los informes de la Policía y la Guardia Civil constatan que Batasuna es la convocante del acto del día 21.
MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska convocó hoy para el próximo martes a las 10.00 horas al fiscal y las partes personadas en la causa contra Batasuna para celebrar una vista en la que estudiará si debe renovar por dos años más la suspensión de actividades del partido ilegalizado por el Tribunal Supremo, de cara al acto que ha convocado para el próximo día 21 en Barakaldo (Vizcaya).
Tras recibir hoy en el Juzgado los informes solicitados a la Guardia Civil y la Policía sobre el desarrollo de actividades políticas por parte de Batasuna, el magistrado dictó una providencia en la que convoca a las partes personadas para la vista en la que podrán presentar las alegaciones que consideren convenientes en relación con la suspensión de actividades de la organización ilegalizada.
Aunque la comparecencia sólo menciona el artículo 129 del Código Penal, en el que se prevé la suspensión cautelar de actividades de una entidad por su carácter delictivo, es indudable que se mencionará el acto convocado por Batasuna para el próximo día 21. El abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo adscrito al caso, Juan Carlos Rodríguez Segura, declaró a Europa Press que durante la vista pedirá que se vuelvan a suspender las actividades de Batasuna y que se proceda contra los organizadores del acto por un delito de colaboración con banda armada.
Además, el lunes pedirá que la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la asamblea de Batasuna, que fue remitida al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al entenderse que los hechos denunciados no son constitutivos de colaboración con ETA, se incluya en la causa contra Batasuna del Juzgado Central de Instrucción número 5.
Por su parte, una de las abogadas defensoras en la causa contra Batusuna y ex parlamentaria de esta formación, Jone Goirizelaia, señaló hoy que había presentado un recurso en el Juzgado Central número 5 que afirma que no se puede actuar contra el acto del día 21, porque la suspensión de actividades, decretada por el juez Baltasar Garzón el 26 de agosto de 2002, no fue prorrogada el pasado verano cuando se cumplieron tres años desde la imposición de la medida.
Fuentes jurídicas señalaron que efectivamente la suspensión de actividades dejó de tener vigor el pasado verano, porque no se renovó al entender que no era necesario después de que el Tribunal Supremo ilegalizara Batasuna en marzo de 2003. En cualquier caso recordaron que en la vía penal, un juez puede decretar la suspensión cautelar de actividades de una organización en cualquier momento de la instrucción por un máximo de cinco años. Como desde agosto de 2002 al verano pasado pasaron tres años, ahora sólo se podrán suspender las actividades de Batasuna por dos años más.
CONVOCADO POR BATASUNA.
La providencia dictada hoy pone a disposición de las partes en el Juzgado los informes realizados por la Jefatura del Servicio de Información de la Dirección General de la Guardia Civil y la Comisaría General de Información, a través de su Unidad Central de Inteligencia, en relación con las actividades de Batasuna. Las fuentes consultadas destacaron que ambos informes, de un centenar de páginas en total y que adjuntan abundante documentación, coinciden en dejar claro que Batasuna es la organización convocante del acto del próximo día 21, sobre todo, tras estudiar los carteles y pancartas utilizados para anunciarlo y anteriores asambleas de la formación. Las mismas fuentes añadieron que no se han tenido en cuenta conversaciones o manifestaciones realizadas por líderes de la izquierda abertzale.
El fiscal adscrito a la causa contra la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna, Juan Moral, deberá ahora estudiarlos con detenimiento para decidir qué posición adopta el Ministerio Público en relación con la suspensión de actividades de Batasuna y, en concreto, con el acto del próximo día 21. De hecho, el contrato de reserva del local de Barakaldo donde se prevé realizar la asamblea no estará a disposición del Juzgado hasta el próximo martes, día en el que se celebrará la vista.
En cuanto a si se puede decretar la suspensión de actividades de una organización ilegalizada por el Supremo, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recordaron el caso de la organización terrorista GRAPO y su brazo político, el PCEr, cuyas actividades fueron suspendidas por el juez Baltasar Garzón, a pesar de que no consta como partido porque no está registrado en el Ministerio del Interior.
