3 de agosto de 2020
23 de septiembre de 2009

Benidorm.- Caamaño descarta una "reacción legal" ante el transfuguismo porque "probablemente" sería inconstitucional

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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sostuvo esta noche que "no hay reacción legal posible" y que "no se puede establecer un delito penal" ante los casos de transfuguismo político como el ocurrido en el Ayuntamiento de Benidorm porque "esa reacción sería, problablemente, inconstitucional".

En declaraciones al programa de TVE 59 Segundos recogidas por Europa Press, Caamaño defendió la vigencia del Pacto Antitransfuguismo al referirse al concejal del PP que ha favorecido la moción de censura que ha entregado la alcaldía de Benidorm a doce ediles expulsados por el PSOE, por lo que, dijo, este partido ha cumplido "una vez más" con lo pactado por los dos partidos mayoritarios.

El diputado y secretario de Política Municipal del PP, Juan José Matarí, abogó hoy en declaraciones a Europa Press por considerar abrir un debate sobre el contenido del Pacto Antitransfuguismo firmado en 1998, ya que, a su entender, la "gravedad" de lo que ha ocurrido en Benidorm ha puesto de manifiesto que "el PSOE no está dispuesto a respetar" ese pacto. Como aspecto novedoso planteó que se estudie penalizar por ley las conductas de transfuguismo.

El ministro de Justicia explicó que el escaño o acta de concejal pertenece a la persona que ha sido elegida directamente por los ciudadanos, y que la Constitución recoge este precepto como derecho fundamental, lo que implica una garantía "que es difícilmente compatible a veces con el comportamiento de algunas personas, pero sobre todo con la lógica de partidos".

Por eso, argumentó Caamaño, "no hay una reacción legal posible porque esa reacción sería, probablemente, inconstitucional, sino que existen acuerdos, como el del Pacto Antitransfuguismo, para reaccionar desde los partidos políticos frente a prácticas que deslegitiman finalmente el entendimiento de la democracia tal y como la entienden los ciudadanos, que dirigen su voto a partidos y a candidaturas, más que a personas individualmente consideradas".

Tras recordar la "complejidad" de la lucha contra el transfuguismo político, Caamaño se mostró convencido de que se puede actuar contra estas situaciones desde la normativa vigente. No obstante, añadió que es "muy difícil alterar la Constitución" en lo referente a esta problemática ya que estaría en juego el "modelo de democracia".

"Y la democracia representativa", continuó, "exige cierto equilibrio entre el papel del representante y el papel de los partidos, por lo que saltarnos este puente de garantía último que establece nuestra Constitución y en general todos los sistemas parlamentarios de Gobierno, y todos los sistemas democráticos, es desde el punto de vista jurídico constitucional tremendamente arriesgado y complejo, porque entonces bastaría con tener a dos líderes y prácticamente podríamos cerrar todo el Parlamento y que uno, en función de los votos que tuviese, intentase hacer oposición".

ESTATUTO DE CATALUÑA

Respecto a la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, en cuya tramitación participó el propio Caamaño, el titular de Justicia destacó que acatará lo que diga el Tribunal Constitucional, aunque recordó que el texto que refrendaron los ciudadanos catalanes fue un texto "aprobado en las Cortes generales por quienes representan a los ciudadanos del pueblo español" y que estos, por mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado, votaron dicho texto "porque lo han considerado constitucional".

"Pero, finalmente, quien tiene la última palabra en nuestro Estado democrático en materia de apreciación o no de la constitucionalidad de la ley es el Tribunal Constitucional. A él le corresponde decirlo y a los demás, como no puede ser de otro modo, acatarlo", concluyó.

ACUSACIONES DEL PP

Ante las acusaciones que está haciendo el PP sobre un trato diferente de la Fiscalía ante asuntos judiciales que afectan a este partido, en comparación con el trato que se da cuando el asunto afecta al PSOE, Caamaño censuró la "suerte de campaña" de los populares "alentando la sospecha en torno al funcionamiento de la Administración de Justicia". Además, volvió a insistir a los líderes del principal partido de la oposición a que, si tienen pruebas de que estaban siendo espiados, las denuncien en los tribunales de justicia.