Beteta destaca la CORA como "la mayor auditoría" realizada nunca en el "sector público"

Actualizado: sábado, 6 diciembre 2014 17:04

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, ha manifestado este viernes en París que las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) han supuesto "la mayor auditoría realizada nunca en el sector público". Precisó que ha tenido una especial incidencia en las Administraciones territoriales, ya que, ha afirmado, ha detectado las "duplicidades en la prestación de los servicios públicos".

Transcurrido un año de la puesta en marcha de CORA, el 45,5% de las medidas propuestas, que superaban las 200, se encuentran ya ejecutadas, y el 54,5% en vías de ejecución. Un proceso que concluirá a finales de 2015 y, cuyo balance, permitirá abrir el camino a nuevas reformas, ha señalado Beteta.

Antonio Beteta, ha participado en París en el Segundo Encuentro ministerial sobre "La Modernización de la acción pública europea mediante la innovación territorial".

En su intervención, ha destacado también los resultados positivos de la puesta en marcha de la Administración electrónica. Ha revelado que en 2013, los ciudadanos realizaron más de 370 millones de trámites electrónicos, frente a 117 millones de trámites no electrónicos, es decir, tres de cada cuatro trámites son ya electrónicos. El ahorro, según el secretario de Estado, solo en ese año, superó los 16.600 millones de euros, porque un trámite electrónico tiene un coste medio de sólo 5 euros, frente a 80 euros de un trámite presencial.

Por otro lado, ha señalado que el Ejecutivo ha aprobado una Ley de Transparencia a la Información Pública y Buen Gobierno supone que todas las personas que presten servicios públicos estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley.

Asimismo, ha resaltado que los ciudadanos podrán solicitar la información que deseen a las Administraciones Públicas, con el único límite de que la petición no entre en conflicto con otros intereses protegidos.

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