Blanco asegura que la directiva europea de retorno no afecta a España porque todo el procedimiento está judicializado

Actualizado: viernes, 20 junio 2008 18:00

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó hoy que la Directiva Europea de Retorno de Inmigrantes "no afecta a España porque, en nuestro país, todos los procedimientos de expulsión y de retorno están judicializados y cuentan con las máximas garantías legales".

El dirigente socialista se sumó así, a través de un comentario publicado en su blog, a los esfuerzos del Gobierno por explicar una directiva que ha levantado polémica porque permite a todos los países de la UE retener a los inmigrantes ilegales hasta 18 meses antes de su expulsión.

Así, Blanco hizo hincapié en que en la UE conviven 27 países con 27 procedimientos distintos, y que en nueve países se puede retener a los inmigrantes por tiempo indefinido.

"Por tanto, con esta directiva, frente a la indefensión actual, se establecen un mínimo de garantías donde antes no había. Pero no obliga a que las reduzcan los países que ya tienen más y mejores garantías como es el caso de España", recalcó.

Blanco subrayó que el Gobierno socialista ha mostrado voluntad de reconocer derechos y debes a los inmigrantes que "con la herencia recibida, estaban en la más absoluta indefensión y sometidos a todo tipo de explotaciones".

En cuanto a las leyes españolas, aseguró que el Ejecutivo optará por el consenso a la hora de aprobar cambios en la ley de extranjería --con la que prevé elevar de 40 a 60 días el plazo de retención en España-- y que aprovechará para reconocer a los inmigrantes como el de asociación o el de manifestación para "proteger más la convivencia y el respeto mutuo".

Este reconocimiento de derecho viene obligado por una sentencia del Tribunal Constitucional que, a finales de 2007, declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Extranjería que había aprobado el Gobierno del PP y que condicionaban el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación y la libertad de sindicación a poseer autorización de estancia o residencia en España.