Presidente tribunal destaca irregularidades en la investigación y el comisario dice que el primer instructor no tenía interés en el asunto
MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los tres policías responsables de investigar los empujones sufridos por el que fuera ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación de la AVT celebrada en enero de 2005, defendieron la legalidad de su actuación ante la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, que comenzó a juzgarles hoy por estos hechos, y negaron que los militantes del PP que prestaron declaración ante ellos fueran detenidos formalmente. Se enfrentan a penas de entre 4 y 10 años de cárcel que pide para ellos la acusación ejercida por el PP por detención ilegal, mientras que la Fiscalía no ejerce acusación alguna.
La más extensa de las declaraciones -durante una sesión maratoniana de siete horas en la que el tribunal apenas concedió dos breves recesos-, fue la del inspector jefe encargado de incoar las diligencias contra los militantes populares Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz.
IMPUTADOS NO DETENIDOS
Insistió en que en ningún documento abierto durante las diligencias constó agresión alguna al ministro Bono pero sí otras presuntas figuras delictivas (zarandeos, empujones e insultos) al mandatario que, a su juicio, justificaron su actuación. Afirmó también que los militantes declararon como "imputados no detenidos", se les facilitó un vehículo para acceder y salir de la comisaría y nunca se les fotografió, se les tomó huellas o se les retiró el teléfono móvil, como ocurre habitualmente cuando la policía detiene a un sospechoso.
A preguntas del abogado José Ramón Montero, que ejerce la acusación del PP en nombre de los militantes arrestados y del secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, el inspector acusado concretó los posibles delitos investigados sin tener en cuenta la posible agresión a Bono. Enumeró los de atentado a la persona del ministro (por los empujones y zarandeos que sufrió) insultos en la modalidad de injurias y un delito contra sus libertades y los derechos públicos, puesto que tuvo que abandonar la manifestación.
Sobre la posible agresión sufrida por Bono con el mástil de una bandera, el funcionario reconoció que el mismo día de los hechos sí se planteó su existencia, "según manifestó el propio ministro", aunque este extremo nunca se concretó ni figuró en las diligencias. También negó que su superior, el comisario Rodolfo Ruiz, le dijera "si Bono dice que le han pegado es que le han pegado", tal y como se señala en el escrito de acusación.
VISIONADO DE 6 CINTAS.
Al inicio de la sesión, presidida por el magistrado Miguel Hidalgo, se procedió al visionado de seis grabaciones de la manifestación aportadas por diferentes medios informativos. Sólo en una de ellas se aprecia cómo uno de los integrantes de la "cápsula de seguridad" que rodea a Bono aparta del ministro un palo, aunque no se ve bien quien lo esgrime.
El inspector aseguró haber sido informado de los hechos por la emisora de la policía y por un funcionario presente, que fue el que redactó la primera nota informativa. "De su simple lectura vio a las claras que había indicios racionales de delito", afirmó.
Preguntado por el modo en el que fueron identificados Barrios y De la Cruz, explicó que conoció sus nombres por el diario El País, ratificando esta información por la foto que apareció al día siguiente en la portada del diario ABC. El inspector aseguró que citó telefónicamente a Barrios, a quien mandó un vehículo para acercarle a la comisaría, y que fue éste quien le dijo que acudiría acompañado de De la Cruz.
Del primero dijo que en las grabaciones se le identificó como el portador del mástil incautado y autor de un "manotazo" junto a Bono. Preguntado si esta acción no podría haber sido realizada por otra persona manifestó que no, "porque una ley física señala que cada persona tiene dos manos", y una de las del militante fue la que realizó dicha acción.
EL PRESIDENTE PIDE ACLARACIONES
Tras este interrogatorio intervino el presidente del tribunal, que puso de manifiesto algunas irregularidades en la investigación, como el hecho de que los policías presentes en la manifestación declararan "compareciendo ante sí mismos" como instructor y secretario en las diligencias, error que fue subsanado dos días más tarde aunque utilizando la fecha de los incidentes. También recordó que en las primeras notas se habló de la agresión sufrida por un escolta de Bono, y que este hecho no volvió a aparecer en las diligencias.
Más breve fue el interrogatorio del comisario, que dijo que él no intervino en la investigación ni en las citaciones y se limitó a informar a sus superiores. Rodolfo Ruiz -para quien se piden 10 años de cárcel-, negó haber recibido instrucción alguna de la Delegación del Gobierno o haber coaccionado a los citados, si bien reconoció haber pasado "tangencialmente" por la sala en la que éstos habían prestado declaración.
INSTRUCTOR APARTADO.
También explicó el comisario el hecho de que primer instructor de las diligencias fuera apartado de la investigación por estar en desacuerdo con el hecho de que les fueran leídos sus derechos a los militantes detenidos. Dijo que ya tenía pensado cesarle como jefe de grupo porque era una persona "gastada" si bien había manifestado "falta de colaboración e interés" en este asunto concreto.
Finalmente declaró el tercer acusado en este caso, un funcionario del grupo de investigación de los GRAPO que actuó como secretario de las declaraciones de los militantes del PP. Confirmó que ambos fueron citados como imputados no detenidos y que en la diligencia repetida para subsanar el error de los "comparecientes ante sí mismos" se puso la fecha del 22 de enero en vez del 25, ya que de otro modo "no se entendería" la secuencia de las actuaciones.
La acusación del PP pide 10 años de cárcel menos un día para el comisario Ruiz por detención ilegal, falsedad en documento público y coacciones, además de 11 años de inhabilitación; 8 años menos un día para el inspector que llevó el peso de las actuaciones por los dos primeros delitos y cuatro años de cárcel para tercer acusado únicamente por la falsedad.
La vista continuará mañana, cuando está prevista la comparecencia como testigos de Barrios y De la Cruz; del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; del delgado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez y del Jefe Superior de Policía de Madrid en la fecha de los hechos.
