La exministra Cospedal se estrenará como presidenta de la Comisión de Exteriores
MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, comparece este jueves en el Congreso para informar sobre el cierre de la aduana comercial en Melilla --adoptada por Marruecos el 1 de agosto-- y para explicar la posición española en relación con la crisis de Nicaragua.
La comparecencia, prevista a las 17.00 horas y decidida el pasado 27 de agosto en la Diputación Permanente del Congreso, se producirá en la misma sesión en la que la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se estrenará como presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, en sustitución de la también 'popular' Pilar Rojo.
Serán las primeras explicaciones del Ministerio de Exteriores después de que Marruecos decidiese cerrar, el pasado 1 de enero, la aduana comercial con Melilla, una decisión que, según los cálculos del Gobierno de la ciudad autónoma, puede ocasionar pérdidas de 100 millones de euros al año.
La delegada del Gobierno en la ciudad ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando para intentar resolverlo, pero lo cierto es que aún no la hay. El Gobierno, no obstante, insiste en que no hay ningún problema en la relación con Marruecos, a pesar de que el presidente, Pedro Sánchez, no ha viajado aún al vecino del sur ante la imposibilidad de cuadrar su agenda con la de Mohamed VI.
Borrell hablará ante los diputados sobre la posición española ante la crisis en Nicaragua, donde las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y la posterior represión han causado la muerte de más de 300 personas.
COOPERACIÓN CON NICARAGUA
El pasado agosto, durante su viaje a Costa Rica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó por una salida dialogada con el liderazgo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sánchez también afirmó que el Gobierno español mantendrá la ayuda al desarrollo al país pero dio orden de revisar si había algún programa que pueda estar contribuyendo indirectamente a la represión desplegada por el régimen de Daniel Ortega sobre la oposición.
Desde 2013, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) gestionaba un proyecto de la UE en apoyo a la prevención del crimen organizado y el narcotráfico, que tenía como beneficiaria a la Policía nicaragüense, que fue suspendido por la UE el 18 de mayo.
A principios de septiembre, la directora de la AECID, Aina Calvo, confirmaba en un artículo en 'El País' que "algunos proyectos concretos se encuentran en compás de espera, pendientes de la evolución de los acontecimientos y de futuras decisiones sobre su ejecución", pero también puntualizaba que la cooperación española está participando precisamente en iniciativas para el diálogo.
Por otro lado, el Gobierno ha asegurado que en la represión policial no se ha usado ningún equipo antidisturbios vendido por España y ha descartado autorizar nuevas exportaciones de este tipo de material, debido a lo "volátil" de la situación, que puede desembocar en un "conflicto civil".
La junta que analiza las exportaciones de la industria española de armas y otro material de defensa, la JIMDDU, autorizó entre los años 2009 y 2016 un total de once licencias de diversos equipos policiales y antidisturbios con destino a la policía nacional de Nicaragua.
Sin embargo, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, aseguró la pasada semana en el Congreso que ninguna de estas licencias se encontraba ya en vigor en julio de 2017 y que las existencias de los equipos de origen español estaban "agotadas" al comienzo de la represión de los últimos meses.
