MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha dicho estar "absolutamente encantado" con la decisión de la Comisión Europea conocida este miércoles que ha concluido que el régimen de exenciones del impuesto de sociedades por intereses y cánones y cinco acuerdos fiscales o 'tax rulings' concedidos por Gibraltar a compañías multinacionales son ilegales de acuerdo con las normas europeas sobre ayudas de Estado, por lo que ha ordenado al Peñón que recupere unos 100 millones de euros.
En un comunicado, Picardo ha subrayado que el resultado de la investigación, que ha tardado más de seis años, constituye un "éxito notable" para el Peñón y "un gran golpe para todos aquellos que buscan denigrar a Gibraltar como jurisdicción fiscal".
A pesar de tratarse de una "decisión negativa", el ministro principal gibraltareño ha recalcado que el alcance de la misma "es menor" y ha enfatizado que se reivindica en la misma la visión de su Ejecutivo respecto a que "no hay nada fundamentalmente ilegal o erróneo con nuestra Ley del Impuesto Sobre la Renta (Income Tax Act 2010)".
"La investigación completa tan solo nos ha requerido realizar enmiendas menores a la Ley sobre intereses y royalties y colocar la práctica de resoluciones fiscales in Gibraltar sobre una base legal más sólida. El resultado neto de esta investigación es que la Ley del Impuesto sobre la Renta (Income Tax Act) ahora disfruta de la aprobación por parte de la Comisión. Esta es una noticia realmente excelente", ha subrayado Picardo.
En un comunicado, el Gobierno del Peñón ha reiterado que su enfoque "se ha visto plenamente reivindicado" por la decisión de la Comisión Europea, lo que les permite "continuar con la práctica de resoluciones fiscales". Además, ha recordado que de las 165 resoluciones fiscales que la Comisión ha estado investigando, tan solo ha encontrado errores en relación a cinco de ellas, todos relacionados con transacciones que afectan a sociedades comanditarias neerlandesas que también han sido polémicas en otras jurisdicciones de la UE.
Bruselas abrió en octubre de 2013 una investigación contra el régimen del impuesto sobre sociedades de Gibraltar introducido en 2010 ante las "dudas graves" de que podría infringir la normativa comunitaria sobre ayudas públicas por incluir exenciones en este gravamen por pagos de intereses y cánones.
El Ejecutivo comunitario amplió el expediente en octubre de 2014 para incluir también un total de 165 acuerdos fiscales o 'tax rulings', ante la sospecha de que no se basaran en información suficiente para garantizar que las empresas beneficiadas fueran gravadas en las mismas condiciones que otras empresas que generaban o derivaban ingresos de Gibraltar.
Con respecto al primer pilar de la investigación, Bruselas ha determinado que las sociedades beneficiarias de intereses o cánones estabas exentas del pago del impuesto "sin que hubiese una justificación válida". En consecuencia, la medida "favoreció significativamente" a un conjunto de empresas pertenecientes a grupos multinacionales que centran su actividad, por ejemplo, en la concesión de préstamos intragrupo.
"Este trato fiscal selectivo favorable a las empresas multinacionales concedía a estas empresas una ventaja con respecto a otras empresas y falseaba la competencia en el mercado único de la UE, en contra de lo dispuesto en las normas sobre ayudas estatales de la UE", apunta la Comisión Europea.
Gibraltar, en cualquier caso, abolió la exención fiscal sobre los ingresos por intereses en julio de 2013 y la de los ingresos por cánones en enero de 2014.
Con respecto a la investigación sobre los acuerdos fiscales, el Ejecutivo comunitario ha concluido que 5 de los 165 'tax rulings' evaluados constituían ayudas de Estado ilegales. Las cinco se refieren, en concreto, la tratamiento fiscal de Gibraltar a determinados ingresos generados por sociedades comanditarias de Países Bajos.
En cambio, la Comisión Europea no ha detectado ninguna ventaja selectiva con respecto a los otros 160 acuerdos fiscales evaluados.
En consecuencia, Gibraltar debe recuperar ahora los impuestos no pagados por las empresas que se beneficiaron del régimen de exención del impuesto de sociedades para intereses y cánones entre 2011 y 2013 y por las firmas que se beneficiaron del trato fiscal ilegal gracias a los cinco 'tax rulings' declarados ilegales.
Las autoridades del Peñón deben determinar ahora las cantidades exactas que deben recuperar de cada una de las sociedades afectadas, pero los servicios de Competencia de la Comisión Europa calculan que los impuestos impagados ascienden aproximadamente a 100 millones de euros.
