MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, mantuvo hoy que el escrito de acusación del alcalde de Sorbas (Almería), José Fernández (PP), por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación que fue difundido por concejales del PSOE era "información pública" que tenían tanto los ediles socialistas, personados en la causa, como el propio imputado.
Caamaño respondió así, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a una pregunta del diputado del PP Juan José Matarí, que demandaba al Gobierno una explicación por el hecho de que los responsables del PSOE anunciasen la imputación del alcalde antes de que la conociera el propio afectado.
El titular de Justicia aseveró que el documento que hicieron público el secretario de Relaciones Institucionales y Política Municipal del PSOE de Almería, Juan Antonio Segura Vizcaíno, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sorbas, Francisco Pérez, se conoció en la fase intermedia del proceso penal, una vez concluida la investigación y no estaba afecto a ninguna cláusula de secreto.
"Se trataba de información pública y de indudable interés, lo que no es acorde con el Estado de Derecho es intentar ocultarlo", señaló Caamaño, que reiteró que todas las partes implicadas en el proceso, "y por supuesto, los acusados", tenían conocimiento de ese documento.
Por su parte, el diputado Juan José Matarí calificó de "grave comportamiento" la difusión pública de la imputación del alcalde e insistió en acusar a la Fiscalía General del Estado de tener una "doble vara de medir" en función del partido político que protagonice los supuestos escándalos. "Es proactiva cuando los casos afectan al PP y escandalosamente pasiva con el PSOE", señaló.
El diputado almeriense justificó su acusación con "ejemplos para todos los gustos". "En ocasiones se habla con dirigentes socialistas para que puedan dimitir antes de su detención, imputación o acusación, como el caso de Estepona, Palos y Ohanes y otras veces no actúa cuando están implicados dirigentes de su partido, como en el caso Matsa con (el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel) Chaves, el caso Mercasa o el Puerto del Musel de Gijón".
Matarí recalcó que el Gobierno no tiene "el menor escrúpulo" en utilizar "todos los poderes a su alcance", ya sea la Fiscalía, la Policía o la Agencia Tributaria, cuando "se trata de perseguir al adversario político".
