9 de diciembre de 2019
13 de enero de 2010

Caamaño espera que el TC "aclare todas las dudas de constitucionalidad que algunos han planteado" sobre el Estatut

Cree que informar "no debe ser delito", aunque "todo está sometido a límites", y aboga por "descartar en lo posible la respuesta penal"

BILBAO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, mostró hoy su esperanza en que el Tribunal Constitucional dicte, "cuanto antes", una sentencia sobre el Estatut catalán que "aclare todas las dudas de constitucionalidad que algunos han planteado".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Caamaño afirmó que "cada cierto tiempo surge la inquietud acerca de cuándo va a salir esta sentencia del Tribunal Constitucional".

"Siempre parece que es ya, y yo siempre digo que el Tribunal es el que debe hacer su propia agenda y que lo que debemos esperar de él es una buena sentencia en la que se interprete la Constitución y se aclaren las dudas de constitucionalidad que sustancialmente ha planteado en un recurso inmenso, larguísimo, el PP frente a ese texto, que ha sido aprobado por la mayoría absoluta de los representantes legítimos de los españoles en Las Cortes Generales", dijo.

Además, descartó "completamente" la hipótesis de que el TC evitará dictar una resolución sobre esta cuestión. "Estoy seguro que el TC y sus miembros están a la altura de la responsabilidad institucional que tienen y que, por tanto, dictarán una sentencia", añadió.

Tras reconocer que se trata de una resolución "sumamente compleja desde el punto de vista técnico", manifestó que "es cierto también que los ritmos en los recursos de inconstitucionalidad, del control abstracto del Tribunal no son tan acelerados como todos quisiéramos, ni en este asunto ni en otros muchos, donde está en juego la interpretación de una Ley, de algo que ha aprobado el legislador".

Además, señaló que "en los conflictos de competencias las decisiones del Pleno del Tribunal siempre duran más de lo que todos quisiéramos, pero estoy seguro que el Tribunal dictará sentencia". "Espero que cuanto antes sea, mejor, es un deseo común de todos, pero lo más importante es que sea una buena sentencia que aclare, precisamente, todas las dudas de constitucionalidad que algunos han planteado", señaló.

CASO EGUNKARIA

Preguntado por el caso Egunkaria, el titular de Justicia afirmó que observa este proceso "como se observan desde el ministerio de Justicia todas las actuaciones ante el Poder Judicial del Estado, con respeto y conscientes de que son un poder independiente y que, por tanto, el ministro de Justicia, además, de manera particular, nada debe decir sobre soluciones que está 'sub iudice'".

En este sentido, mostró su convicción de que "tenemos un sistema judicial formado por profesionales rigurosos en todas sus instancias, también en lo que respecta a los jueces, que aplican la Ley cabalmente, de manera razonable, y por tanto, en esa confianza es como vemos siempre las actuaciones del Poder Judicial".

"EL DELITO DE INFORMAR"

Preguntado por si cree que "informar puede llegar a ser delito", apuntó que "no debe ser delito". "Es una hipótesis que deberíamos todos descartar, pero es verdad que la información, como cualquier otra actividad y el ejercicio de cualquier derecho en esta vida tiene sus límites y tiene límites desde diversa naturaleza", señaló.

A su juicio, es necesario "definir qué es o no información". "Los profesores norteamericanos siempre ponen un ejemplo muy claro de hasta dónde pueden llegar este tipo de limitaciones, que es la hipótesis de una persona que en un cine, en plena película se levanta y grita: 'hay un incendio', y se producen pérdidas personales como consecuencia de esto. Claro, alegar esa persona que ha ejercido la libertad de expresión, pues realmente no es cierto, lo que ha hecho es un acto ciertamente irresponsable", añadió.

De esta forma, afirmó que "todo está sometido a límites en un Estado de Derecho razonable, pero es verdad que la libertad de expresión y la de información, que son los que forman una opinión pública libre" en un Estado democrático, "tiene que tener un ámbito más amplio y, por lo tanto, descartar en todo lo posible la respuesta penal como forma de condicionar los excesos que se puedan cometer en el ejercicio de esos derechos y libertades".