MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, apuesta por modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para que los fiscales asuman la instrucción judicial en detrimento de los jueces, y señala que no hay que tener "miedo" a esta reforma porque el Ministerio Público "tiene autonomía respecto del Gobierno".
"El fiscal tiene garantizada por ley plena autonomía, los fiscales son jerárquicos entre sí pero el fiscal general del Estado no depende de lo que le diga el Gobierno. El Gobierno sólo puede dar al fiscal instrucciones generales de política criminal, obviamente, pero está terminantemente prohibido que el fiscal pueda recibir instrucciones", señala Caamaño en una entrevista concedida a Europa Press.
El titular de Justicia anima a superar el "resquemor" que, a su juicio, existe en relación con la independencia del Ministerio Fiscal, que considera una "idea que está asentada en la opinión pública española", y subraya que el modelo español es "el único prácticamente donde el fiscal tiene autonomía respecto del Gobierno". "Hay sistemas muy democráticos donde la Fiscalía sencillamente es la voluntad del Ejecutivo", añade.
Por eso, apuesta por cambiar el actual modelo de juez instructor, que "sólo existe en Francia y lo están cambiando". "Yo prefiero un sistema de justicia donde el juez sea el verdadero garante de mis derechos y libertades fundamentales y no le tengo miedo a que los fiscales, de la misma manera que una persona me denuncia o me demanda en el juzgado, hagan toda la investigación del mundo", explica.
EVITAR LA "PENA DE BANQUILLO"
Según Caamaño, el actual modelo de juez instructor es "sumamente complejo" porque éste tiene que "averiguar la realidad de los hechos, es decir, investigar el delito y a la vez garantizar los derechos fundamentales de las personas que están siendo objeto de su propia investigación".
"Si yo como juez quiero averiguar el delito y autorizo unas escuchas telefónicas y unas entradas en domicilio y no consigo nada, me las volveré a autorizar otra vez para que la investigación continúe. Y estamos a veces así con procesos muy largos de investigación procesal que dan lugar a eso que llamamos la pena de banquillo", argumenta.
A su juicio, la existencia de un juez de garantías que se encargue exclusivamente de autorizar o denegar las diligencias reclamadas por la Fiscalía y el resto de acusaciones personadas en la causa conllevaría "un control de verdad" de la investigación, al "permitir que se alargue en el tiempo y que prospere aquella acusación que tiene realmente sustento desde el primer momento".
POSICIÓN DE LOS "JUECES ESTRELLA"
Preguntado por la acogida que esta medida podría tener entre los denominados "jueces estrella" de tribunales como la Audiencia Nacional, Caamaño se muestra convencido de que "una gran mayoría de jueces de nuestro país estarían absolutamente de acuerdo" porque no se está proponiendo "nada raro".
La reforma de la LECRIM, que debería abordarse con "el máximo consenso", según el ministro, también tendría que plantear la creación de "una segunda instancia penal" y los "retos" que, a su entender, existen en cuestiones como la protección de testigos o las pruebas inducidas.
