Todos los partidos, salvo el PP, critican la "revictimización" de algunos damnificados por el GAL, a los que se excluye de las indemnizaciones
VITORIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los grupos del Parlamento Vasco, salvo el PP, han instado a las Cortes Generales a modificar la Ley de Víctimas del Terrorismo para que las ayudas a víctimas de grupos como el GAL o la Triple A, de las que el Gobierno del Partido Popular excluyó a todas aquellas personas a las que informes policiales vinculan con ETA, solo se puedan retirar en los casos en los que esa vinculación esté acreditada por una sentencia judicial firme.
El pleno del Parlamento Vasco ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de Elkarrekin Podemos, formación que había presentado una iniciativa para garantizar un tratamiento "igualitario" para todas las víctimas del terrorismo.
El origen de esta iniciativa se encuentra en la decisión adoptada por el Gobierno del PP en la legislatura anterior para negar la concesión o ampliación de ayudas a víctimas de grupos como el GAL, la Triple A o el Batallón Vasco Español, que ya habían sido reconocidas como damnificados por el terrorismo, pero a la que informes policiales vinculaban con ETA. Alrededor de 46 personas se encuentran afectadas por esta decisión.
Finalmente, Elkarrekin Podemos ha acordado una enmienda con el PNV y el PSE-EE, que ha sido apoyada en su mayor parte por EH Bildu, formación que, no obstante, se ha abstenido en dos de los cinco apartados de la resolución. El PP ha votado en contra.
A través de este texto, la Cámara vasca insta a las Cortes Generales a que modifiquen la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. El objetivo de la reforma es que en la ley se establezca de forma expresa "que solo se pueda reducir o suprimir la reparación económica, si se acredita por resolución judicial firme que la víctima ha participado en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que haya perpetrado delitos violentos".
"REVICTIMIZACIÓN"
A través de esta enmienda, la Cámara reconoce "el largo y penoso recorrido administrativo y judicial" al que se han visto obligadas a enfrentarse las personas afectadas por la decisión del anterior Gobierno español, con el fin "hacer valer sus derechos". Por ese motivo, pide al Gobierno autonómico que apruebe una línea de ayudas que "mitigue" la "revictimización y la carga económica añadida" que este proceso ha supuesto para estas familias.
Por otra parte, el Parlamento insta a las Cortes Generales a que modifiquen el artículo 5 de la Ley Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo para permitir "el reconocimiento y reparación de las víctimas de persecución". Este es uno de los dos puntos en los que se ha abstenido EH Bildu.
Asimismo, se solicita a los gobiernos central y vasco que pongan los medios a su alcance "para facilitar a las víctimas que desconocen la verdad e incluso la ubicación de los restos de sus familiares, la posibilidad de acceder a toda la información que requieran, incluso en aquellos casos que hayan sido amnistiados o hayan prescrito, con el fin de completar el reconocimiento y reparación que merecen".
El otro apartado en el que se ha abstenido EH Bildu pide a las Cortes Generales que se incorpore en la Ley de Victimas las posibilidades que ofrece la opción de la justicia restaurativa, en favor de las víctimas, "en clave de reparación del daño causado".
Por parte de Elkarrekin Podemos, ha intervenido en el debate Pilar Zabala, hermana de Josu Zabala, asesinado por el GAL en 1983, y al que informes policiales vinculaban con ETA, pero cuya pertenencia a la banda nunca ha sido confirmada en una sentencia judicial.
SIN "IGUALDAD"
La representante de Elkarrekin Podemos ha lamentado que decisiones como las adoptadas por el anterior Gobierno en torno a estas ayudas demuestran que "las víctimas del terrorismo de Estado no tienen derecho a la reparación", y que todas las personas que han visto vulnerados sus derechos humanos no se encuentran en una situación de igualdad".
Desde el PNV, Iñigo Iturrate ha criticado que la interpretación de la legalidad realizada por el PP para justificar la retirada de las ayudas a estas personas resulta "ignominiosa" e implica una "vulneración" de los derechos de las personas afectadas.
Por parte de EH Bildu, Julen Arzuaga ha criticado que estas actitudes demuestran que "se priorizan unas víctimas sobre otras", estableciendo "categorías" en función de cuál sea el origen de la vulneración de los derechos humanos.
La parlamentaria del PSE Rafaela Romero ha destacado que las medidas que se plantean en esta iniciativa se sustentan en el respeto "a la legalidad, a la igualdad y a la dignidad" de todas las víctimas, y ha rechazado que las víctimas cuya presunta vinculación con hechos violentos no esté demostrada por una sentencia firme, puedan ser excluidas de las ayudas que les corresponden como damnificados por el terrorismo.
Carmelo Barrio (PP) ha defendido la Ley de Reparación de Víctimas del terrorismo, y ha explicado que su grupo no puede apoyar la iniciativa debatida este jueves porque la reforma de dicha norma se ha de abordar en el Congreso de los Diputados. Además, ha rechazado recibir "lecciones" de derechos humanos de formaciones como EH Bildu.
