El ministro adelanta que la semana que viene llegará a juzgados y tribunales una nueva remesa de equipos de protección
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llevará el próximo martes al Consejo de Ministros el decreto ley de medidas urgentes para evitar el colapso de juzgados y tribunales cuando empiece la desescalada tras al parón de actividad que ha supuesto el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus.
Según han informado fuentes de la Administración de Justicia a Europa Press, el ministro "tiene la intención" de llevar esta norma al próximo Consejo de Ministros para su aprobación y estar así preparado para poder comenzar a reactivar la Justicia.
Tal y como ha precisado el ministerio en un comunicado difundido este viernes, las medidas que se adopten tendrán un ámbito temporal limitado a la vigencia del estado de alarma y los tres meses siguientes.
La hoja de ruta para la salida de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y que estará plasmada en el decreto comprende un conjunto de actuaciones urgentes en los ámbitos procesal, concursal, organizativo y tecnológico, orientadas a reanudar la actividad judicial desde criterios de seguridad y flexibilidad.
FLEXIBILIDAD EN LOS TURNOS
Entre las medidas organizativas, el borrador del decreto contempla que los funcionarios puedan acogerse de forma voluntaria a turnos de mañana y tarde, con el objetivo de que haya un incremento de la actividad y también se pueda favorecer la distancia interpersonal, ya que ésta deberá seguir manteniéndose.
Además, se plantea autorizar la movilidad del personal entre órganos judiciales de la misma jurisdicción y localidad. Según el ministerio, son medidas destinadas a incrementar progresivamente la capacidad de respuesta de la Administración de Justicia y contribuir así a superar la crisis.
Campo también pretende fomentar el teletrabajo, la atención a distancia del público y la realización de actos procesales de manera telemática para que los juzgados sean habilitados como centros de trabajo limitados y restringidos al acceso exterior. También se ampliarán de manera extraordinaria los plazos procesales para facilitar el progresivo restablecimiento de la actividad judicial.
JURISDICCIONES DE MAYOR AFLUENCIA
El tercer instrumento de la hoja de ruta es la puesta en marcha consensuada de planes de choque en las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y mercantil, los ámbitos en los que se prevé una mayor afluencia de asuntos tras el parón de la actividad económica.
Como quedó recogido en la disposición 19 del decreto por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, el Gobierno activará estos planes en los 15 días posteriores al fin de las medidas de confinamiento.
Junto a estas medidas, Justicia apuesta por "disponer de un esquema de seguridad laboral, apoyado por recursos suficientes, en el que todas las administraciones estén alineadas". "Se trata de superar la fragmentación competencial actual y avanzar hacia un marco conjunto común validado por las autoridades sanitarias que permita garantizar la seguridad del personal de los juzgados con la desescalada de las medidas de contención. Al mismo tiempo, se perseguirá un empleo eficiente y seguro de los espacios físicos y se buscará ampliar la capacidad telemática de los profesionales", explica el ministerio.
De este modo, el departamento que dirige Campo adelanta que a partir de la semana que viene llegará a las sedes judiciales una nueva remesa de equipos de protección personal, al tiempo que se trabaja para "dar respuesta a las necesidades futuras que, en materia de protección sanitaria, va a plantear la reanudación progresiva de la actividad judicial asegurando, al mismo tiempo, su uso eficiente".
El plan integral del Ministerio de Justicia para combatir los efectos de la crisis, dentro del proyecto #Justicia2030, incluye también una ley de impulso y agilización procesal que contendrá medidas a medio y largo plazo para tratar de avanzar hacia una mejor gestión en los órganos judiciales y en su transformación digital. El departamento ya está recibiendo las propuestas de las administraciones competentes para la mejora del texto, con objeto de poder contar con un primer esqueleto normativo a lo largo del mes de mayo.
Así lo han trasladado tanto Campo como los altos cargos del departamento en las últimas reuniones con los principales colectivos del sector de la Justicia. Según el ministerio, estas medidas urgentes y extraordinarias han obtenido un "amplio consenso" en la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia e incluyen propuestas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas y los colegios profesionales, órganos a los que ha trasladado hoy las conclusiones.
