SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Abr. (EP/IP) -
La Comunidad Autónoma de Canarias perderá más de 111,6 millones de euros de media al año con los fondos europeos asignados en las perspectivas financieras de 2007-2013. Los pagos realizados por la Unión Europea (UE) entre 1986 y 2004 supusieron una inversión media anual de 297,3 millones de euros frente a los 185,7 millones de euros del nuevo septenio. Estas son las consecuencias de la pérdida de la condición de Objetivo 1, su sustitución por la cuantificación económica del criterio de ultraperificidad y la ampliación de la unión a 25 socios.
El acuerdo sobre las perspectivas financieras para los años 2007-2013, aprobado por el Consejo europeo el pasado mes de diciembre, reportan a Canarias un global de 1.300 millones de euros, incluyendo su nueva condición de Objetivo 2. Esta financiación implica una inyección económica media anual de 185,7 millones de euros.
Desde 1986, fecha en la que España se incorpora a la UE, y 2004, último año que el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) tiene fiscalizados los pagos comunitarios por autonomías; Canarias recibió en total 5.353,04 millones de euros. En los 18 años transcurridos, la inversión media anual fue de 297,3 millones de euros.
La diferencia media anual entre las nuevas perspectivas financieras 2007-2013 y los ingresos recibidos hasta 2004 arrojan una pérdida de 111,6 millones de euros, es decir, que el paso de Objetivo 1 a Objetivo 2, y a pesar de poner en valor la condición de ultraperificidad, las islas recibirán una media anual de 111,6 millones de euros de menos.
En un informe realizado por el MAP sobre la regionalización de los pagos comunitarios realizados entre 1986 y 2004 se observa que, durante este tiempo, Canarias recibió en global 5.353,04 millones de euros. El análisis realizado se divide en cuatro periodos. El primero contempla el bienio 1986-1987, correspondiente a los inicios de las relaciones de España con la UE. Posteriormente se consideran los periodos 1988-1992, referido al paquete financiero que se le llamó Delors I; de 1993 a 1999, paquete Delors II y el periodo 2000-2004, que incluye la programación presupuestaria en vigor 2000-2006, que se le conoce como Agenda 2000.
Hasta 2006, las islas tienen la condición de Objetivo 1. Esta consideración se ha traducido en la obtención de cinco fuentes financieras distintas. Se trata del dinero proveniente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que se debe utilizar en la corrección de los desequilibrios regionales.
En segundo lugar está el Fondo Social Europeo (FSE), cuyo fin es el de apoyar la estrategia de empleo y las acciones orientadas a mejorar el funcionamiento del mercado laboral. A continuación se obtiene financiación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía (Feoga-G), que sirve para que los agricultores tengan unos ingresos similares a los trabajadores de otros sectores. La cuarta fuente financiera es el Feoga-O, que debe servir para mejorar las estructuras de producción y comercialización de los productos agropecuarios. El quinto recurso es el Fondo de Cohesión, destinado a cofinanciar actuaciones relacionadas con el medio ambiente y las infraestructuras del transporte de interés común.
Entre 1986 y 1987, la UE invirtió en las islas 18,79 millones de euros. Con el Paquete Delors I se inyectaron 427,75 millones de euros. Con el Paquete Delors II se subió hasta los 2.845,62 millones de euros y, en el periodo 2000-2004 de la Agenda 2000, la financiación destinada al archipiélago fue de 2.060,88 millones de euros.
Las cantidades recibidas experimentaron un paulatino aumento a lo largo de los periodos programados. Los pagos más importantes realizados fueron los del Feoga-G que suponen el 41,15 por ciento del total (2.203,13 millones de euros). Le sigue el Feder que, con 2.147,87 millones de euros, supone el 40,1 por ciento. La inversión del FSE fue de 373,11 millones de euros (6,9 por ciento), el Feoga-O llegó a los 357,45 millones de euros (6,6 millones de euros) y el Fondo de Cohesión reportó 271,48 millones de euros (5,07 por ciento).
ESTADO
A nivel de todo el Estado, el trabajo del MAP concluye que las regiones Objetivo 1 recibieron un porcentaje de los pagos a España procedentes de las Acciones Estructurales (incluye el Feder, el FSE y el Feoga-O) superior al 53 por ciento del total, alcanzando un pico del 61,1 por ciento en el periodo inicial.
Pero si se le suman los pagos del Feoga-G, los ingresos de estas regiones superaron, en los tres primeros periodos, el 56 por ciento, alcanzando el 63,1 por ciento durante 2000-2004. Esto es consecuencia, según el informe, del mayor peso del sector agrícola en las regiones Objetivo 1.
Las cantidades totales recibidas por España pasaron de los 20.183,18 millones de euros del Delors I a los 71.641,02 de la Agenda 2000, considerando el periodo antes referido. Los ingresos anuales incrementaron desde los 4.036,64 millones de euros entre 1988-1992 hasta los 14.328,20 millones de euros de 2000-2004.
También se señala que los recursos gestionados por la Administración del Estado van perdiendo importancia relativa dentro de los ingresos totales procedentes de la UE, descendiendo su porcentaje de participación desde el 77 por ciento del bienio 1986-1987 al 21,1 por ciento de la Agenda 2000.
Contrariamente, las comunidades autónomas ganan protagonismo ya que pasan de gestionar el 10,3 por ciento en 1986-1987 al 34,3 por ciento del periodo 2000-2004. Las corporaciones locales y los fondos gestionados por las empresas públicas coinciden en la tendencia alcista. Las primeras pasan de gestionar el 0,6 por ciento al 6,1 por ciento mientras que las segundas evolucionan del 10,6 por ciento al 18 por ciento.
En opinión del MAP, el descenso del peso de los recursos estatales y los aumentos de las autonomías y las corporaciones locales "no es sino la traducción, en la práctica, del fuerte proceso descentralizador experimentado por el Estado autonómico español a lo largo del periodo analizado".
El auge de las empresas públicas a la hora de administrar los recursos comunitarios "obedece, en parte, al modelo de gestión adoptado, cada vez con más frecuencia, para la realización de megaproyectos, sobre todo, de infraestructuras", tal y como especifica el informe.
