"No hace falta que monten una huelga para que empecemos a negociar, ya estamos negociando" afirma ante los paros de jueces de mañana
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado este miércoles que las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que prevén un incremento del 3,2 por ciento -un total de 1.753,9 millones de euros- respecto a las partidas de su departamento aprobadas para este año permitirán hacer frente a gran parte de las reclamaciones salariales y de otro tipo que vienen realizando funcionarios, jueces y fiscales durante las últimas semanas.
Un centenar de funcionarios se ha concentrado este mismo miércoles a las puertas del Ministerio y mañana lo harán jueces y fiscales, que también reivindican mejoras laborales, ante los órganos judiciales. Según el ministro, muchos de los cambios que reclaman tienen que ver, precisamente, con la aprobación de los PGE en el Congreso.
Las reclamaciones son muy diversas, según reconoce Catalá, pero gran parte de las referidas al incremento salarial y a la oferta de empleo público pueden ser respondidas con los PGE, que prevén un incremento retributivo del 1,75 por ciento según el acuerdo Gobierno-sindicatos firmado el mes pasado, al que sumarán otras cantidades aún no acordadas con el objetivo de mejorar, por ejemplo, lo que cobran los jueces por las guardias. Estas cantidades, no obstante, no aparecen en el Proyecto por no existir aún dicho acuerdo.
"No hace falta que me monten una huelga para que empecemos a negociar, ya estamos negociando", ha señalado el ministro en un encuentro con periodistas, tras indicar que se han celebrado reuniones con asociaciones de jueces y fiscales poco antes de Semana Santa, que se reanudarán el próximo día 16.
Además de los aspectos retributivos, otras respuestas a las demandas profesionales irán por la vía de la adecuación de los puestos de trabajo tras la puesta en marcha de la nueva oficia judicial y fiscal. "Espero que valoren, con estas propuestas, la posibilidad de dejar a un lado el conflicto", ha concluido el titular de Justicia.
JUECES Y FISCALES SE MOVILIZAN ESTE JUEVES
Por otro lado, este jueves serán los jueces y fiscales los que salgan a la misma hora a las puertas de todas las Audiencias Provinciales y juzgados de España, donde el decano, fiscal jefe provincial o algún juez o fiscal designado leerán un manifiesto en el que piden a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que con "urgencia" se acuerden las siguientes medidas para reforzar la independencia judicial; modernizar la Administración de Justicia; racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales, entre otras cosas.
Con este paro se dará comienzo a las movilizaciones que ya anunciaron el pasado 5 de marzo las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-- y las tres de fiscales -Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales--.
En el comunicado que se leerá a las puertas de los juzgados, también se hace referencia a la LOPJ, pues no sólo se pide el "impulso inmediato" de la modificación de esta normativa para la recuperación de los permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal; sino la retirada de esas 50 enmiendas que "coartan el ejercicio de la función judicial y vacían ciertas competencias al órgano de gobierno de los jueces.
De hecho, las asociaciones exigen la presentación de un proyecto o proposición para la reforma de esta ley en lo que respecta al CGPJ para garantizar que la elección de sus vocales sea directamente por los jueces y magistrados y que se asegure "la igualdad de género y la representatividad".
Entre otras cosas, los jueces y fiscales piden al Ministerio de Justicia un plan de inversión "suficiente y prolongado" para convocar al menos 300 plazas con el fin de incrementar la planta judicial y fiscal y poder equipararla a la media europea. También, piden la convocatoria "inmediata y formal" de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.
Con respecto al Ministerio Público, se interesa que se derogue el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; el refuerzo de la independencia de la Fiscalía y su autonomía presupuestaria, así como que sea la propia Fiscalía General del Estado quien forme a sus integrantes.
