Es partidario de retirar los lazos amarillos de los independentistas de los edificios públicos de Cataluña
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que el Gobierno estará "atento" al Pleno de este jueves en el Parlamento catalán en el que se votará una resolución para reivindicar al expresident Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, al mismo tiempo que ha avanzado que se impugnará cualquier resolución o acuerdo aprobado que "tenga consecuencias hacia terceros" y que sea contraria a la ley.
"Sí que estamos, lógicamente, muy atentos a esos órdenes del día, y sobre todo cuando una vez más se dedican a lo que no toca", ha manifestado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, rechazando la intención del bloque independentista de "legitimar" una Presidencia de Puigdemont. "Un Parlamento no está para restituir la legitimidad de nadie, está para aprobar normas, leyes y realizar la actividad política de una comunidad autónoma".
Así pues, el ministro ha recalcado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy estará atento esta sesión plenaria para vigilar si en Cataluña "se cumple la ley" y "está dentro de sus competencias": "Si hacen lo que tienen que hacer, nadie va a tener ningún problema y nadie va a impugnar nada", ha señalado, para después advertir a la Cámara catalana de que, si ejerce unas competencias "por encima de lo que tiene atribuido" o "cumple una norma", será "obligación" del Gobierno recurrirlo.
Catalá ha precisado que si se trata solamente de "una declaración de bóveda de los derechos" el Ejecutivo no emprenderá acciones legales: "Podremos estar más de acuerdo o menos, pero como no pasa de ahí, no tiene sentido llevarlo ante un tribunal", ha apuntado. Y ha reiterado que sí recurrirá un acto, una norma o un acuerdo que tenga "efectos frente terceros" porque eso es lo que puede tener posibilidad de impugnación.
CANDIDATO CON POSIBILIDAD DE EJERCER
Para el responsable de Justicia, el candidato a la investidura tiene que tener la "posibilidad jurídica y material de ejercer" sus funciones como presidente de la Generalitat. En este sentido, ha rechazado la posibilidad de que el bloque independentista acuerde que lo sea el candidato de Junts per Catalunya y exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, que está en prisión provisional por su implicación en el proceso soberanista.
"Espero que quien sea tenga todas las capacidades para hacer bien su trabajo, y si está privado de libertad por decisión judicial no me parece fácil", ha puntualizado, para después destacar que "hasta la fecha" el juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga la causa contra el procés, Pablo Llarena, sigue viendo motivo para mantenerle en la cárcel.
A su juicio, es de "sentido común" reconocer que una persona en prisión o huido de la justicia no puede gobernar Cataluña: "Nadie puede hacer su trabajo de dirigir una organización si está privado de libertad", sostiene Catalá, que ha afirmado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña se mantendrá hasta que haya un Govern que ejerza sus funciones "con normalidad". Cuando eso suceda, ha explicado el ministro, "lo lógico y natural" será que el 155 deje de aplicarse.
"Es una cuestión de que los gobiernos autonómicos están para aplicar las leyes y atender el interés general y no para meterse en estas historias a las que se dedicó lamentablemente el Gobierno de la Generalitat en los últimos tiempos", ha manifestado, en referencia a las aspiraciones secesionistas del Ejecutivo catalán cesada tras el uso del artículo de la Carta Magna.
En esta línea, Catalá ha defendido la aplicación del artículo porque ha servido para el mantenimiento de los servicios públicos en Cataluña ante los "incumplimientos" del Gobierno de Cataluña.
TORRENT TIENE QUE "REPRESENTAR A TODOS" LOS CATALANES
Y preguntado por el discurso del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en el que denunció la existencia de presos políticos y que provocó que varios integrantes de la cúpula judicial en Cataluña abandonasen el acto, Catalá ha afirmado que "se confundió" de sitio y pensó que estaba en "un mitin de ERC".
"Yo lo pensé, e incluso pensé también en contestarle, pero me pareció que yo tenía que mantener la posición institucional porque estaba representando al Gobierno de España", ha argumentado. Y ha recordado de nuevo a Torrent que él "tiene la obligación" de "representar a todos los catalanes" y respetar a la Abogacía catalana.
Por otro lado, preguntado si se puede regular por ley el uso de símbolos ideológicos, concretamente los lazos amarillos que exhiben los independentistas para protestar por la prisión de políticos catalanes, Catalá se ha mostrado partidario de retirarlos de los edificios públicos ya que "tienen que representar a todos" los ciudadanos: "Cuando hay símbolos que no son de todos, sino son de una ideología de un determinado planteamiento, no deben estar en sedes públicas", ha dicho.
Por último, ha asegurado que no existen contactos con Suiza ante la posibilidad de que se pida la extradición de la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, que se trasladó a dicho país y no compareció ante el Tribunal Supremo, donde estaba citada como investigada por el procés. Según ha explicado Catalá, los ministerios de Justicia suizo y español son "meros transmisores" de las decisiones que adoptan los jueces. Por ello, sostiene que es el juez el que tiene que decidir si solicitar o no la extradición de la anticapitalista.
