Cataluña recibirá del Estado entre 2.600 y 3.000 millones extras para inversiones en 7 años

Actualizado: domingo, 22 enero 2006 20:08


BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cataluña recibirá del Estado entre 2.600 y 3.000 millones de euros extras para inversiones en los próximos siete años para garantizar que las inversiones de la administración central en esta comunidad corresponden al 18,5 por ciento del PIB que aporta Cataluña al Estado. Este es uno de los aspectos novedosos del pacto sobre el Estatut alcanzado anoche entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas y que el líder de CiU desveló esta tarde en Barcelona.

Según explicó Mas en rueda de prensa, esta inversión extra se podrá ejecutar directamente por parte del Estado en acuerdo con la Generalitat en infraestructuras o mediante la transferencia de los recursos a la administración catalana mediante un convenio para que la Generalitat haga la inversión.

Una tercera vía, novedosa, es la posibilidad de emplear, por parte de la Generalitat o el Estado, estos recursos a rescatar o eliminar peajes en las autopistas catalanas. De esta forma, según Mas, "se garantiza una inversión equivalente al PIB y se disminuye el déficit fiscal" de Cataluña.

Durante la presentación del acuerdo alcanzado anoche, Mas consideró que el resultado supone "en buena parte un cambio de sistema en profundidad" y "sólo por eso el nuevo Estatut tiene razón de ser".

Para Mas, el resultado supone "un salto adelante importante" pero no por ello CiU descarta a alcanzar el modelo de financiación incluido en el proyecto de Estatut aprobado en Cataluña el pasado 30 de septiembre, que situó como "nuestro objetivo de autogobierno".

Admitió que el resultado tanto en financiación como en competencias o la definición de Cataluña supone "claramente un salto adelante que no renunciamos a completar en los próximos años", añadió.

AGENCIA TRIBUTARIA

Por su parte, y en relación a la Agencia Tributaria de Cataluña, el pacto señala que se creará un consorcio en el plazo máximo de dos años a partir de que el Estatut entre en vigor y que se podrá convertir en la administración tributaria en Cataluña. Según Mas, de esta forma "se abre la puerta a que este consorcio lo acabe integrando todo para llegar al objetivo de tener una única administración tributaria en Cataluña".

Mas admitió que el PSOE "no quiere llegar aquí, pero nosotros sí" y auguró que ésta será una "pelea" para los próximos años en la que la federación nacionalista no dudará en emplear su "influencia política". Durante la reunión de ayer se dedicaron hasta tres horas a este aspecto del sistema de financiación por la diferencia de conceptos entre PSOE y CiU y que, admitió, "hoy no se puede resolver de forma plenamente satisfactoria para Cataluña".

Lo que sí ha advertido CiU es la negativa de la federación a aceptar una proliferación de agencias tributarias. "No crearemos una nueva administración tributaria que no vaya en la línea de reducir a una la Agencia Tributaria, no crearemos ningún engendro", dijo Mas, quien esperó estar en el Gobierno de la Generalitat para entonces --en dos años--. Además, en el caso que haya dos agencias tributarias, el contribuyente podrá presentar su declaración en cualquiera de ellas.

CiU también aspira a avanzar después de la aprobación del Estatut en la participación de la Generalitat en la cesta de impuestos, aunque Mas consideró especialmente relevante que "por primera vez la Generalitat es la administración que recibe más dinero del que pagan los catalanes".

Así, Mas confirmó que la Generalitat recaudará el 50% del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales, donde CiU reclamó el 60% durante la reunión de ayer. Mas admitió que "no estamos plenamente satisfechos con esta cesta de impuestos" pero recordó que la participación se podrá revisar cada cinco años sin que ello suponga una reforma del Estatut.

Sobre los criterios que limite la aportación de Cataluña a los fondos interterritoriales de solidaridad, Mas explicó que se ha pactado que en ningún caso la aportación a la solidaridad variará el ránking de comunidades autónomas en renta por cápita. Además, se establecen como criterios para limitar, la aportación la población inmigrante y los costes diferenciales en el nivel de vida.