MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) estudia personarse como acusación popular en la causa judicial que investigará la práctica irregular de interrupciones voluntarias del embarazo de las clínicas 'CB Medical Ginedemex', la filial en Madrid del centro abortivo de Carlos Morín, y 'Mayrit'.
No obstante, las denuncias presentadas por la Consejería de Sanidad contra estos centros ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla aún no han recaído sobre ningún juzgado específico, pero se prevé que se acumulen en un mismo procedimiento, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El presidente del CJTM, Javier Pérez Roldán, adelantó a Europa Press que el Centro estudia presentar al Juzgado sobre el que recaiga la causa por reparto el escrito de personación contra las citadas clínicas por la práctica ilegal de abortos y por falsificación documental. La actividad de estos centros se encuentra actualmente suspendida cautelarmente.
Según Roldán, la filial de Morín y la clínica 'Mayrit' vulneran la ley que regula el aborto en España y falsifican historias clínicas y certificados psicológicos médicos. En concreto, la normativa permite la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, malformaciones del feto o cuando su gestación entrañe grave peligro para la salud de la madre.
En relación con otras clínicas abortistas, el CJTM, en nombre de la plataforma 'La Vida Importa', se encuentra actualmente a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, que investiga las posibles irregularidades de la Clínica Isadora en la retirada de residuos biosanitarios, dé por aceptado el escrito de personación que presentó esta parte el pasado 9 de agosto.
En dicho texto, se solicita al juez que tome declaración a los administradores de la clínica y a su personal; que se requiera a la Consejería la memoria anual del centro; y que la Guardia Civil entregue los restos humanos hallados en cubos de basura al Instituto Anatómico Forense para que se determine la edad de los embriones, su causa de fallecimiento y si los abortos se produjeron fuera del feto materno.
RESTOS HUMANOS EN LA BASURA
Este procedimiento se inició a raíz de una denuncia de 'La Vida Importa' interpuesta el 9 de junio de 2006 ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura.
Sin embargo, la investigación no comenzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que practicaba abortos ilegales.
El SEPRONA envió a la Guardia Civil los datos recabados, que a su vez los remitieron al juez. La causa cayó en un principio en el Juzgado número 31 que estaba de guardia, pero posteriormente entró en reparto al Juzgado de Sierra Fernández.
