Considera que es "absolutamente necesario" que Campo tenga el control por la "descoordinación" en algunas CCAA
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) ha aclarado este viernes que la orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que encomienda al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la "coordinación" de los funcionarios de la Administración de Justicia para la prestación de servicios judiciales esenciales durante la vigencia del estado de alarma decretada por la pandemia del coronavirus no "interfiere" en las competencias que tiene atribuidas el órgano de gobierno de los jueces.
Según informa el CGPJ, hace esta precisión "ante la confusión generada entre algunos colectivos profesionales" por la publicación este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que permite al Ministerio de Justicia la gestión de todos los funcionarios de su área, incluso los que estaban a cargo de las comunidades autonómicas con competencias transferidas.
También se le otorga la coordinación de los servicios públicos prestados a través de colegios profesionales, que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia y, en particular, el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.
Por ello, la Comisión Permanente ha aprobado un comunicado en el que explica que esta ordena ministerial "no interfiere en modo alguno en las competencias que constitucional y legalmente tiene atribuidas el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de jueces y magistrados".
Dicho comunicado recalca que sus competencias han seguido ejerciéndose "desde el inicio de la situación de emergencia provocada por el COVID-19", tal y como se puso de manifiesto en el comunicado emitido por esta Comisión Permanente este jueves y al que se remiten.
VUELVE A CRITICAR LA "DESCOORDINACIÓN"*
Con todo ello, el órgano de gobierno de los jueces considera que la encomienda que se ha realizado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es "absolutamente necesaria ante determinadas situaciones de descoordinación que se venían produciendo entre algunas Administraciones Públicas con competencias sobre los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y colegios profesionales".
Ante las quejas de funcionarios, que reclaman no tener que acudir a los juzgados si no es necesario, algunas administraciones territoriales han planteado planes de disponibilidad no presencial para evitar el riesgo de contagio por coronavirus.
Ha sido el caso, por ejemplo, de Cataluña que aprobó una instrucción, que finalmente ha quedado suspendida, que dispensa a los funcionarios de acudir a los juzgados para cumplir los servicios mínimos fijados, de modo que sólo se les llamaría cuando se les necesite. La Junta de Andalucía ha hecho una petición similar y ha instado al Gobierno a cerrar todos los juzgados, a excepción de aquellos que están de guardia, los de violencia de género y los servicios de medicina forense.
El CGPJ se pronunció sobre esta situación este mismo jueves y en un comunicado contundente rechazó estos planes que prevén la disponibilidad no presencial de los trabajadores al considerar que "en estos momentos cruciales" impediría en la práctica la efectiva apertura de los órganos judiciales, así como la correcta prestación de los servicios esenciales previstos.
"MÁXIMA COLABORACIÓN"
Por último, la Comisión Permanente subraya que "desde el inicio de la crisis" ha mantenido la "máxima colaboración institucional" con el conjunto de todas las administraciones que tienen competencias en el ámbito de la Administración de Justicia, muy particularmente con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, para dar respuesta "rápida y eficaz a los problemas que la grave situación que padecemos demanda, cumpliendo nuestro deber de servidores públicos y garantes últimos de los derechos y libertades de los ciudadanos".
Con la orden ministerial que se ha publicado este viernes, el ministro de Justicia podrá adoptar, cuando lo considere conveniente, y previo consenso con la Comisión de Coordinación de la situación de crisis, las resoluciones necesarias para aplicar un criterio "homogéneo" en toda España y garantizar el mantenimiento de la prestación de servicios esenciales.
Dicha comisión está integrada por los representantes por los representantes de las comunidades autónomas con competencias transferidas y estará en plena coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que lleva en contacto continuo por videoconferencia desde la semana pasada con todos estos representes de las administraciones territoriales, así como con el órgano de gobierno de los jueces y el Ministerio Público, ha celebrado este mediodía la primera reunión de la Comisión de Coordinación.
