Aprueba el informe del Código Penal y rechaza la propuesta de Requero de permitir la objeción de conciencia a los jueces de Registro Civil.
MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pospuso hoy a próximas reuniones, que ya ha fijado para el próximo día 22 y el 15 de diciembre, los nombramientos que tenía previsto realizar para cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Supremo, en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y en varias Audiencias Provinciales.
El portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que la "razón de peso" para haber aplazado los nombramientos es "la búsqueda de consenso" entre la mayoría conservadora y la minoría progresista, aunque también se había producido un problema formal, ya que la previsión reglamentaria exige que la Comisión de Calificación remita la terna de candidatos 72 horas antes de que sea estudiada por el Pleno, para que los vocales puedan, si lo consideran conveniente, incluir otros candidatos.
De esta forma, han quedado sin cubrir la vacante por jubilación del magistrado José Antonio Martín Pallín y la de Siro García (que se producirá por el mismo motivo el próximo día 19) en la Sala de lo Penal del alto Tribunal, la que dejó Angel Calderón en la de lo Militar del alto tribunal cuando fue nombrado su presidente y la del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Todos ellas necesitan de mayoría de tres quintos para salir adelante.
En cuanto a los nombramientos de presidentes de Audiencias Provinciales, sólo se han producido dos de los previstos. El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Díaz Delgado ha sido nombrado presidente de la Audiencia de Cuenca, con 16 votos, mientras que Francisco Segura Sancho, hasta ahora profesor de la Escuela Judicial, lo ha sido de la de Lérida con 11 apoyos. La Presidencia de Huelva ha quedado vacante. A ella optaba, entre otros, el magistrado de la Audiencia de Madrid Jesús Fernández Entralgo, quien también ha solicitado la Sala Segunda del Supremo.
La intención del Consejo era aprobrar hoy los nombramientos por ser el último Pleno que se realizará antes de que venza el plazo de cinco años de su mandato, que finaliza oficialmente el próximo día 7. En este sentido, López aseguró que a partir de ese día, los vocales quedarán a disposición del Parlamento "gobernando el Poder Judicial al servicio de los ciudadanos" hasta que sean reemplazados. El CGPJ funcionará con total normalidad hasta su renovación que se prevé se retrase varios meses.
Precisamente, en cuanto al próximo día 7, López explicó que entonces se cumplirán cinco años del asesinato del magistrado José María Lidón por ETA, por lo que el Pleno había aprobado una declaración en recuerdo de todos los jueces y fiscales asesinados por ETA.
INFORME SOBRE EL CODIGO PENAL.
Por otra parte, el Pleno del CGPJ aprobó hoy por nueve votos a favor y ocho en contra (un vocal no asistió a la reunión y otro se ausentó) el informe del vocal Adolfo Prego sobre la reforma del Código Penal. El texto es bastante crítico con aspectos fundamentales del anteproyecto de ley como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la recuperación de penas sustitutivas de la prisión, como los arrestos de fin de semana, la libertad vigilada o la localización permanente.
El informe señala que "nada hay que objetar" a que el anteproyecto introduzca penas de cárcel para los integrantes de bandas criminales organizadas, aunque se opone a que estos delitos se incluyan en un título separado del Código Penal y no se haga en el apartado sobre crímenes cometidos con ocasión del ejercicio del derecho de asociación.
En cuanto a la prescripción, el informe propone que "el texto legal debe excluir expresamente la aplicación retroactiva de la nueva regulación de las causas interruptivas" de esta garantía, "considerando la naturaleza procesal de los actos que producen tal efecto y el marco constitucional, que proscribe la aplicación retroactiva de las normas sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos, pero no impone la aplicación retroactiva de las favorables".
RECHAZADA LA PROPUESTA DE REQUERO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA.
Además, el Pleno rechazó por 9 votos frente a 8 y 1 en blanco, en votación secreta, la propuesta del vocal de la mayoría conservadora José Luis Requero de estimar parcialmente el recurso presentado por el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto, Pablo de la Rubia, y anular el acuerdo de febrero de la Comisión Permanente que entendió que "los jueces y magistrados no pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia, al estar sometidos únicamente al imperio de la ley".
El Pleno anterior había pospuesto el asunto para estudiarlo con mayor detenimiento, pero finalmente ha decidido rechazar la propuesta y designar a otro vocal como ponente de la propuesta sobre el recurso planteado. De esta forma, el próximo Pleno estudiará la que realice el vocal de la minoría progresista Luis Aguiar.
El juez De la Rubia, titular de un Juzgado con funciones de Registro Civil, alegó su derecho a la objeción de conciencia que le permita la abstención en los expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo.
La Comisión Permanente lo rechazó, pero Requero, al que correspondió por reparto informar sobre el recurso, entendía que se debía considerar, "conforme al contenido natural del derecho fundamental a la libertad religiosa, por razones de conciencia, proclamado en el artículo 16 de la Constitución, la negativa del recurrente a intervenir, por razones de conciencia, en la tramitación de expedientes matrimoniales".
Sin embargo, la mayoría del Pleno no ha compartido su criterio sobre que los jueces de los Registros Civiles, cuando no realizan funciones jurisdiccionales, pueden ampararse en la misma objeción de conciencia que los funcionarios tras una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.
