El CGPJ aprueba el informe que sugiere perseguir el tráfico ilegal de personas para quien tenga como destino España

Actualizado: miércoles, 27 junio 2007 21:04

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy por quince votos a favor y uno en contra el informe al anteproyecto de Ley para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas que recomienda al Gobierno que limite esta competencia al tráfico que tenga como destino España, bien como país último o bien como país en tránsito.

El dictamen, redactado sobre un anteproyecto de Ley sobre el que el Ejecutivo ya ha remitido el proyecto de Ley al Parlamento, contó con el único voto en contra del vocal Alfons López Tena, elegido a propuesta de CiU, informaron hoy fuentes del órgano de Gobierno de los jueces.

Se da la circunstancia de que ayer se hizo pública una sentencia del Tribunal Supremo que establecía la jurisdicción española para perseguir a los patrones de las embarcaciones con inmigrantes ilegales intervenidas en alta mar, en la Audiencia Provincial en la que tomen tierra.

El informe aprobado hoy por el CGPJ advierte de que la propuesta de reforma del Gobierno, tal y como está redactada, puede extender la competencia de los tribunales penales españoles a enjuiciar conductas ajenas a los intereses españoles en materia de inmigración ilegal. En definitiva, pide que se limite el alcance del principio a que el tráfico ilegal de personas tenga como destino inmediato el territorio español o en tránsito hacia terceros países.

El texto advierte también de que la expansión unilateral de la jurisdicción penal internacional puede ser un "serio impedimento para oponerse legítimamente a la actuación recíproca por parte de otros Estados que, llegado el caso, extiendan la eficacia espacial de su propio derecho penal y la jurisdicción de sus tribunales penales, enjuiciando conductas en condiciones en que los ciudadanos españoles no han estado en situación de prever.

Por otro lado, plantea que esta modificación legal supondrá un incremento en el número de asuntos de los que conoce la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por lo que "habrán de preverse las medidas complementarias que sean necesarias para la efectividad de la reforma".