MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) previsiblemente archivará mañana la información previa abierta al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al no existir "prueba alguna" que dé veracidad a los hechos denunciados por los peritos policiales Manuel Escribano e Isabel López, a quienes el juez imputó un delito de falsificación tras interrogarles sobre su informe relativo al hallazgo de ácido bórico en pisos de implicados en terrorismo, informaron hoy fuentes del Consejo.
Los dos peritos presentaron una queja ante el CGPJ por "el humillante y vejatorio trato recibido" por parte del juez Garzón, quien, según ellos, "exhibió una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad" durante su interrogatorio como testigos. La queja se unió a la información previa abierta a instancias del vocal conservador José Luis Requero a raíz de una información aparecida en el diario "El Mundo" sobre el supuesto mal trato dispensado por el magistrado.
Tras estudiar todos los indicios existentes, el Servicio de Inspección del Consejo afirma que "no existe en el escrito de denuncia ni se puede deducir de las diligencias practicadas constancia de prueba alguna que permita determinar la veracidad de los hechos objeto de queja", por lo que la información previa debe ser archivada, lo que previsiblemente hará la Comisión Disciplinaria de mañana, ya que no hacerlo implicaría dudar de los fiscales y la secretaria judicial que asistieron a las comparecencias.
El informe de Inspección comienza explicando la parte de la queja de los peritos relativa a la falta de competencia del juez Garzón para citarles a declarar como testigos y luego imputarles, a la que luego se sumó un escrito del sindicado de funcionarios Manos Limpias. Inspección concluye que se trata de una cuestión jurisdiccional, en la que el CCGPJ no tiene competencia alguna.
Respecto a que se les citara a las cinco de la tarde y el interrogatorio acabara de madrugada, el informe señala que la agenda del Juzgado Central de Instrucción número 5 "no fue caprichosa" ni se fijó "con ánimo ofensivo", sino que se produjo "dentro de lo que puede ser la práctica diaria de un Juzgado". Garzón ha aportado un listado pormenorizado de su agenda durante los pasados 28 y 29 de septiembre.
NIEGA "PERMANENTE ATOSIGAMIENTO".
El escrito de los peritos destacaba "el tono altivo del juez, su permanente atosigamiento y corrección tanto sobre el tono" de sus "palabras, gestos y caras. En una actitud soberbia y airada, impropia de cualquier funcionario y mucho más de un juez de la Audiencia Nacional". "No podemos consentir que actitudes como ésta, desterradas en una democracia, se pavoneen en la sede de un Juzgado", insistía el texto.
En cuanto a esa falta de respeto alegada por los peritos, el informe discrepa y considera la queja "genérica e inconcreta". Para ello reproduce el informe presentado por los fiscales presentes en la declaración, Pedro Rubira y Olga Sánchez, y la secretaria judicial. La secretaria dice que ningún testigo "dio muestra de cansancio, alteración o intranquilidad". Agrega que "no percibió que llorara ni que tuviera intención de hacerlo", y que en un momento que la perito tuvo necesidad de ir al baño se le permitió utilizar el de uso exclusivo del magistrado.
La secretaria también aseguró que los interrogatorios no presentaron incidencias salvo en dos ocasiones, cuando el juez le pidió a Escribano que no levantara la voz. Añade que al final de su declaración, el juez fue advertido por uno de los fiscales de que el perito estaba modificando párrafos enteros de su declaración, por lo que Garzón le indicó que al leerla podía rectificar errores, pero no hacer una nueva declaración.
Recordó que ante las críticas del perito sobre el tiempo que había esperado para declarar, el juez le preguntó si eso le afectaría a la hora de testificar y si quería ser examinado por un médico forense.
El Servicio de Inspección también rechaza la última queja remitida por los peritos del ácido bórico sobre que Garzón filtró a la prensa sus declaraciones ante él, al no apreciar ninguna prueba sobre ello.
La existencia de esta información previa fue uno de los motivos alegados por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial para denegar el amparo a Garzón, quien lo solicitó ante las "desorbitadas" críticas que recibió después de que imputara a tres peritos policiales un delito de falsedad documental.
Por su parte, la actual instructora del "caso del ácido bórico", la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, también ha sido objeto de denuncias ante el Servicio de Inspección del Consejo. En concreto se han presentado dos, una por la asociación Ainco por supuestas filtraciones a los medios de comunicación y otra por dilaciones indebidas, aunque ésta es muy común entre los jueces.
De hecho la Comisión Disciplinaria de mañana estudiará alrededor de 150 denunciadas presentadas por este motivo contra distintos jueces y magistrados. Las dos referidas a la juez Gallego serán archivadas por la Comisión Disciplinaria, conforme propone el Servicio de Inspección tras estudiarlas.
