Rechaza otra vez amparar a Garzón por 10 votos frente 7, a pesar de calificar de "desmesuradas" las críticas que recibió.
MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró hoy a María Luisa Segoviano Astaburuaga, Rosa María Virolés Piñol y José Manuel López García de la Serrana magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, con lo que se cubren las tres vacantes que existían en la Sala Cuarta, una de ellas desde el pasado mes de diciembre, informó hoy el órgano de gobierno de los jueces.
María Luisa Segoviano Astaburuaga, actual presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha obtenido 15 votos en la segunda votación, mientras que Rosa María Virolés Piñol, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, obtuvo 15 votos en la cuarta votación.
José Manuel López García de la Serrana, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha sido elegido también en la cuarta votación con 16 votos.
El portavoz del Consejo, Enrique López, destacó el hecho de que las tres vacantes se hayan cubierto por dos magistradas, ninguna de ellas miembro de las asociaciones judiciales, y un magistrado, abscrito a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Asimismo, restó importancia al hecho de que dos de ellos hayan sido elegidos en cuarta votación, ya que, explicó, todos los magistrados que componían las ternas propuestas por la Comisión de Calificación son grandes profesionales y los vocales repartieron sus votos entre ellos hasta la última votación prevista, en la que se elige a uno de los dos candidatos más votados.
En cuanto al tiempo en el que el Consejo ha tardado en realizar los nombramientos de la Sala de lo Social, que tenía una vacante desde hace casi un año, cuando Pablo Cachón se jubiló en diciembre del año pasado, López recordó que la ley que impone la mayoría de tres quintos para los nombramientos de magistrado del Supremo y de presidente de TSJs implica una mayor dificultad para estas designaciones, porque suponen "un mayor consenso de voluntades".
Por su parte, el vocal de la minoría progresista Juan Carlos Campo explicó que el retraso para cubrir las vacantes de la Sala Cuarta se debía a la tramitación administrativa, ya que la terna más antigua no se pudo elevar al pleno hasta el pasado mes de julio y las otras dos hasta el mes pasado.
TRABAJO PENDIENTE.
En opinión de López, estos nombramientos son importantes, pero todavía "queda trabajo para este Consejo", ya que debe cubrir las vacantes que se han producido durante los cinco años de mandato del actual CGPJ. Agregó que hacerlo "es una obligación ineludible" no sólo por el servicio público que presta la Justicia, sino también por respeto a los méritos de los compañeros que se presentan para estas plazas.
En este sentido, explicó que hay tres vacantes en la Sala de lo Militar del Supremo, dos por jubilación y la de su actual presidente, Angel Calderón, cuando asumió esta responsabilidad en julio de 2005. Se trata de las plazas que dejaron los magistrados Fernando Pérez Esteban y Carlos García Lozano que se jubilaron antes de este verano.
Dos de estas plazas se intentaron en vano cubrir en el anterior Pleno del Consejo, celebrado en Tenerife. El Ministerio de Justicia tiene previsto reducir a seis las plazas de magistrado de la Sala de lo Militar, por lo que la designación de jueces para cubrir estas vacantes es más complicada, aunque la Comisión Permanente del Consejo ya respondió a Justicia que no hay plazas en la Sala Quinta pendientes de convocatoria, salvo las que en su día fueron convocadas y se encuentran pendientes de resolución.
También está vacante una plaza en la Sala de lo Penal, la del magistrado José Antonio Martín Pallín, y otra que se producirá en breve. Además de estos nombramientos que exigen una mayoría de tres quintos, al actual Consejo le corresponde designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
RECHAZADO EL AMPARO POR 10 VOTOS FRENTE A 7.
Por su parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial volvió hoy a rechazar, por diez votos frente a siete, el amparo solicitado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las críticas "desmesuradas y desorbitadas" recibidas por el magistrado tras su decisión de imputar un delito de falsificación a tres peritos que realizaron informes sobre el ácido bórico hallado en el domicilio de un procesado del 11-M.
Contra el amparo votaron todos los vocales de la mayoría conservadora, mientras que el resto de los vocales presentes en el Pleno votaron a favor. El segundo acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo, que denegó el amparo a Garzón en la parte relativa al vocal José Luis Requero, quien trasladó al Servicio de Inspección una información periodística sobre los interrogatorios de los peritos, fue también confirmada hoy por el Pleno por trece votos frente a cuatro.
En lo que todos los vocales, salvo uno (el nombrado a propuesta CiU, Alfons López Tena), estuvieron de acuerdo fue en calificar de "desmesuradas y desorbitadas" las críticas recibidas por el magistrado y en pedir mesura en los comentarios que se puedan realizar sobre resoluciones judiciales.
RETIRADA LA PROPUESTA DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA.
Lo que finalmente no ha llegado a tratar hoy el Pleno ha sido la propuesta del vocal de la mayoría conservadora José Luis Requero de estimar parcialmente el recurso presentado por el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto, Pablo de la Rubia, y anular el acuerdo de febrero de la Comisión Permanente que entendió que "los jueces y magistrados no pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia, al estar sometidos únicamente al imperio de la ley".
Según informó esta tarde el CGPJ, el Pleno ha decidido retirar la resolución de este recurso de alzada del orden del día de hoy para estudiar el asunto con un mayor detenimiento. Previsiblemente adoptará una decisión definitiva en su reunión del próximo 2 de noviembre, último Pleno del Consejo antes de que venza el plazo para su renovación.
El juez De la Rubia, titular de un Juzgado con funciones de Registro Civil, alegó su derecho a la objeción de conciencia que le permita la abstención en los expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo. La Comisión Permanente lo rechazó, pero Requero, al que ha correspondido por reparto informar sobre el recurso De la Rubia, entiende que se debe considerar, "conforme al contenido natural del derecho fundamental a la libertad religiosa, por razones de conciencia, proclamado en el artículo 16 de la Constitución, la negativa del recurrente a intervenir, por razones de conciencia, en la tramitación de expedientes matrimoniales".
