MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este lunes encomendar a las Comisiones de Seguimiento constituidas en cada Tribunal Superior de Justicia el ajuste de las necesidades de personal para atender presencialmente los servicios esenciales en los juzgados durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
En una sesión extraordinaria, el CGPJ adopta esta decisión ante los informes remitidos desde diferentes Tribunales Superiores de Justicia tanto al presidente del Tribunal Supremo (TS) como al órgano de los jueces sobre la carga de trabajo soportada por los Juzgados y tribunales desde la implantación del Escenario 3 por parte del CGPJ.
El objetivo de estos Tribunales Superiores era obtener "la información necesaria para ajustar, si fuere preciso, las necesidades de personal con obligación presencial en los
órganos judiciales de todo el territorio nacional".
Por eso, ahora desde el órgano de los jueces señalan que el ajuste que se realice "será comunicado de forma inmediata al CGPJ y deberá garantizar la prestación de los servicios esenciales que tienen encomendados los jueces y tener en cuenta las normas establecidas por el Ministerio de Justicia en el ejercicio de sus competencias sobre reasignación de funcionarios y dotaciones mínimas".
"La adopción de las medidas que procedan se hará conjuntamente con las Administraciones prestacionales para reforzar la coordinación entre estas y los órganos de gobierno judicial, tal y como se viene realizando desde el inicio de la pandemia COVID-19, para evitar disfunciones en la prestación de los servicios esenciales por parte de los miembros de la Carrera Judicial", añaden desde el CGPJ.
Desde el CGPJ recuerdan que las Comisiones de Seguimiento son conformadas, al amparo de las instrucciones de 11 de marzo de 2020, por el presidente de la Audiencia Nacional o del Tribunal
Superior de Justicia correspondiente, el presidente de Audiencia
Provincial, el Secretario de Gobierno, el Secretario Coordinador
Provincial, los jueces decanos de los partidos judiciales afectados,
el juez de guardia, el fiscal superior autonómico, el director del Instituto de Medicina Legal, el director del Gabinete de Comunicación y un representante de la Administración de Justicia y sanitaria competente.
