Propone un plan de actuación a Justicia y a comunidades con competencias tras constatar un repunte de las demandas en 2019
MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cree necesaria la articulación de un plan extraordinario de refuerzo en aquellos juzgados de lo Social que acumulan mayor número de procesos de despido pendientes de resolver. El objetivo es reducir el coste del Estado en salarios de tramitación tras constatar un importante aumento de este tipo de asuntos que incide de forma directa en los plazos de resolución.
La propuesta, que deberá contar con el apoyo del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias en esta materia, tiene su origen en el repunte de la acumulación de causas por despido que comenzó a registrarse en 2017 y ha sufrido un repunte "especialmente significativo" a lo largo de este año. Ello origina que el tiempo de respuesta a estos asuntos supere los 90 días hábiles (18 semanas), límite temporal a partir del cual el Estado pude tener que pagar salarios de tramitación a los ciudadanos que han resultado despedidos y han acudido a la Justicia.
Así se detalla en un informe realizado por el Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se basa la decisión adoptada por la Comisión Permanente de este jueves de comenzar a articular el citado plan de refuerzo, algo que no puede hacerse sin la colaboración de Justicia y de las comunidades autónomas competentes a las que pertenecen los juzgados concretos que deben reforzarse.
MÁS DESPIDOS EN TIEMPOS DE CRISIS
El informe detalla que la crisis económica que tuvo su inicio en 2008 ya provocó un importante aumento del número de despidos que dio lugar a que los tiempos de respuesta de los juzgados de lo social se incrementasen de manera proporcional, pasando de resolver este tipo de pleitos en 2 meses antes de 2008 a un 1 año en el periodo 2011-2014.
Un año después, en 2015, el tiempo de respuesta empezó a reducirse como consecuencia del descenso del nivel de entrada de asuntos. Sin embargo, desde el año 2017 se está produciendo de nuevo un incremento progresivo que ha sido especialmente significativo a lo largo de estos últimos meses, llegándose a producir una elevación del número de procesos de despido del 10 por ciento "respecto del ya alto nivel de entrada del año anterior".
De dichos datos se desprende que las provincias que tienen superior nivel de entrada de demandas de despido, de mayor a menor, son Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas, Alicante, Málaga y Sevilla.
JUZGADOS AFECTADOS
Teniendo en cuenta todo ello, el Servicio de Inspección del Consejo considera que los órganos a reforzar deberían determinarse siguiendo el criterio de mayor pendencia de asuntos de despido, y tomando como referencia aquellos juzgados en que esa pendencia sea superior a 200 asuntos.
En un primer grupo para reforzar estarían los juzgados con más de 250 demandas de despido pendientes a 30 de septiembre de 2019, que son un total de 24 en Barcelona y 11 en Sevilla. Le seguiría un segundo grupo con 4 juzgados de Almería, 2 de Elche (Alicante), 3 de Girona, 4 de Santa Cruz de Tenerife y 2 de Toledo; y un tercero integrado por 4 Juzgados de Alicante capital, uno de Benidorm (Alicante), uno de Ibiza, 2 de Huelva, 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz), 5 de las Palmas de Gran Canaria, uno de Mlaga y otro de Reus (Tarragona).
El objetivo de la medida de refuerzo, según el mismo informe, no es que los jueces y juezas de refuerzo dicten 75 o 60 sentencias mensuales, sino que cada equipo "concluya definitivamente -ya sea por decreto, auto o sentencia- un mínimo de 60 asuntos mensuales.
Para poner en marcha este plan, continúa la Inspección y ha aprobado el CGPJ en su última Comisión Permanente, se precisa que el Ministerio de Justicia y, en su caso, las Consejerías de las Comunidades Autónomas correspondientes provean "de los medios personales y materiales que sean precisos para el normal desarrollo de la medida de refuerzo".
