El CGPJ reconoce que la implantación de la oficina judicial llevará 3 años y no comenzará a ser efectiva hasta mayo

Actualizado: miércoles, 9 diciembre 2009 17:07

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, señaló hoy que la puesta en marcha efectiva del nuevo sistema de trabajo en los juzgados españoles, más conocido como nueva Oficina Judicial, comenzará a ser efectiva a partir del 5 de mayo del próximo año, que es la fecha en la que entran en vigor las nuevas leyes procesales realizadas a tal efecto. El proceso de implantación, que ya cuenta con calendario, tiene una duración de tres años.

Así lo manifestó Bravo al término de la reunión que los vocales del órgano de gobierno de los jueces mantuvieron con consejeros de Justicia de varias comunidades autónomas con competencias en este ámbito.

El anuncio contrasta con el realizado por el propio ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tras el Consejo de Ministros celebrado el pasado 13 de noviembre. Según el ministro, la implantación del nuevo sistema de la Oficina Judicial se realizaría a partir del próximo 1 de enero y tendría lugar, en una primera fase, en la Audiencia Nacional y en las ciudades de Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla.

Preguntada por esta circunstancia, Bravo señaló que hasta que no entre en vigor la reforma procesal no podrá implantarse como tal la nueva Ofician judicial, si bien señaló que en enero de 2010 empezará el desarrollo de esta reforma. "Pero la puesta en marcha efectiva será a partir del 5 de mayo", dijo.

La nueva estructura potenciará la figura de los secretarios judiciales con competencia para impulsar la ejecución de resoluciones judiciales y creará la figura del juez de adscripción territorial.

REALIDADES AUTONÓMICAS.

Durante la reunión de hoy el Consejo ha ofrecido a las distintas comunidades la constitución de comisiones de apoyo para la puesta en marcha de la Oficina en los diferentes territorios, mientras que las comunidades, según expresó Bravo, manifestaron a los responsables del CGPJ que las distintas autonomías reflejan realidades diferenciadas que habrá que atender de forma particular.

Además, todos los asistentes a la reunión han hecho pública su voluntad unánime, según la portavoz del Consejo, de no duplicar el trabajo, para lo que solicitan la mayor colaboración posible entre el Ministerio, el CGPJ y los propios gobiernos autonómicos.

Igualmente, en esta reunión se trató del nuevo sistema de prevención de riesgos diseñado por el CGPJ, que cubre las necesidades en este campo de los jueces, que está excluidos de las previsiones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las comunidades, por su parte, se comprometieron a estudiarlo.