La comisión que investigó las irregularidades de la Agencia norteamericana aprueba mañana el texto
BRUSELAS, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los eurodiputados del PPE y de Unión por la Europa de las Naciones intentan rebajar las críticas hacia Estados Unidos que figuran en el informe elaborado por la comisión parlamentaria que investigó las supuestas actividades ilegales de la CIA en territorio europeo y eliminar las referencias más duras con la actitud del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad Común, Javier Solana, y el responsable europeo de la lucha antiterrorista, Gijs de Vries.
Socialistas, liberales e izquierda unitaria quieren, por su parte, mantener la vertiente más crítica del informe y dejar claro que se han producido las llamadas "entregas extraordinarias" y que hay sólidas evidencias de que la Agencia norteamericana ha cometido actos ilegales en territorio europeo para lo cual ha debido de contar necesariamente con la complicidad de los Gobiernos de los Estados miembros implicados.
El borrador del informe final de la comisión temporal del Parlamento Europeo, elaborado por el eurodiputado socialista italiano Giovani Claudio Fava y presentado el pasado 28 de noviembre de 2006 tras un año de trabajos, ha recibido más de 500 enmiendas y será votado mañana en comisión. El texto se debatirá en plenario el martes 13 de febrero y votado un día después, según informaron fuentes parlamentarias.
Aunque es improbable que el informe sufra muchas alteraciones de fondo pese al alto número de enmiendas presentadas, añadirá referencias a la actitud de los países poco colaboradores con la labor de la comisión parlamentaria o que no proporcionaron la información requerida a las delegaciones que viajaron expresamente para solicitar datos relevantes para la investigación.
Así, se citará a Reino Unido, Austria, Italia, Portugal y Polonia. En este último caso se lamentará la falta de voluntad del Gobierno polaco para esclarecer la supuesta existencia de cárceles secretas en su territorio. España sale bien parada porque el informe mantendrá la referencia a la colaboración de las autoridades españolas con el Parlamento Europeo y recuerda que la Audiencia Nacional investiga los aviones de la CIA que hicieron escala en aeropuertos españoles.
Hay también un debate en curso sobre las supuestas implicaciones del informe del Parlamento Europeo, que no tiene poderes legales para actuar pero que, amparándose en los artículos 6 y 7 del Tratado, puede recomendar suprimir el derecho a voto en el Consejo de los países miembros que hayan violado la Convención Europea de Derechos Humanos.
Según el texto provisional elaborado por Fava, los aviones de la Agencia de Inteligencia norteamericana (CIA) usados supuestamente para trasladar a sospechosos de terrorismo tras el 11-M hicieron al menos 68 escalas en aeropuertos españoles y cifra en 1.245 las escalas que hicieron en territorio europeo. De ellas 336 en Alemania, 170 en Reino Unido, 147 en Irlanda, 91 en Portugal, 64 en Grecia y 57 en Chipre. Asimismo constata al menos diez detenciones ilegales en Europa en el marco de la lucha antiterrorista y 18 posibles casos de entregas extraordinarias.
El documento denuncia la reticencia mostrada por buena parte de los Estados miembros a colaborar en la investigación, así como falta de cooperación del Consejo Europeo, del alto representante para la Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, y del coordinador europeo en la lucha contra el terrorismo, Gijs de Vries, cuya función llega incluso a cuestionar. Tampoco se libra de las críticas la Alianza Atlántica.
Por otra parte, aunque no logra confirmar la existencia de centros de detención secretos en países como Rumania o Polonia, algo que la comisión ha conocido a través de los testimonios vertidos por periodistas, el informe de Fava sugiere que hay indicios de su existencia. En todo caso, el ponente del informe muestra su preocupación por el hecho de que en muchos casos puedan haberse usado para tales fines las bases norteamericanas en países europeos.
Lamenta, en este sentido, una falta de control sobre las bases norteamericanas y recuerda que, con arreglo a lo estipulado en la Convención Europea de Derechos Humanos, todos los Estados firmantes deben ejercer su jurisdicción sobre el conjunto del territorio, incluídas las bases militares extranjeras.
Además, el texto pone de relieve que la noción de instalaciones secretas de detención pueden referirse no sólo a prisiones sino también a los lugares a los que se puede trasladar a alguien para mantenerle incomunicado, como apartamentos privados, puestos policiales o habitaciones de hotel.
