MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de Izquierda Unida y presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha remitido una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tras tener conocimiento de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a que el caso de los vuelos ilegales de la CIA se investigue en esta instancia judicial.
En su misiva, Llamazares expresó al fiscal general la "preocupación" de IU por esta decisión, al tiempo que le insta "a que la Fiscalía no ponga obstáculos, sino que promueva y profundice la investigación judicial sobre este asunto, y ejerza todas las facultades de que dispone para que este caso sea investigado en la Audiencia Nacional".
IU-ICV advirtió de que el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González-Morata tiene intención de oponerse en los próximos días a que desde esta instancia se investigue este caso, así como la de pedir al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que archive las actuaciones.
Ante ello, el coordinador general de IU trasladó a Conde-Pumpido que "si se adoptaran estas decisiones", se grupo parlamentario no las compartirá. "Efectivamente, teniendo en cuenta que estos vuelos son objeto de diligencias de investigación en sede penal en juzgados de Palma de Mallorca y de Canarias, parece más coherente integrar la investigación judicial confiándola a la competencia de la Audiencia Nacional", señaló al respecto.
Llamazares recordó al fiscal general que hechos similares "están siendo investigados por las autoridades judiciales de Milán (Italia) y Munich (Alemania). En este último caso, por el secuestro de un ciudadano alemán Jaled el-Masri, quien fue trasladado en un avión con origen y regreso a Palma de Mallorca, además de las mencionadas investigaciones del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
"Estamos ante un caso con ramificaciones internacionales, susceptible de ser tratado también a la luz del Derecho Internacional Público", hizo hincapié tras argumentar legalmente su petición.
"En virtud del artículo 7 de la Ley 49/1960 de 21 de julio, de Navegación Aérea, España es competente para aplicar plenamente su legislación penal y demás disposiciones de policía y seguridad pública vigentes en nuestro país a todas las actividades que se hayan producido con dichas aeronaves", advirtió.
Por ello, valoró que el Estado tiene "atribuidas funciones de control o vigilancia en este sector, que según la más moderna jurisprudencia pueden dar lugar en casos determinados a la exigencia de la responsabilidad pública por los daños producidos por terceros por el hecho de que el poder público no haya ejercido con toda la diligencia y facultades que el ordenamiento le atribuye sus funciones de control e inspección".
Llamazares subrayó que el informe provisional del Consejo de Europa, publicado el pasado 7 de junio, incluye a España en la lista de países que 'permitieron o no investigaron' el uso de su territorio por la CIA como plataforma logística para desarrollar sus actividades ilegales.
