MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que, de forma inmediata, dé instrucciones a los registros civiles para que la práctica de asientos y emisión de documentos se pueda realizar en catalán, euskera o gallego de forma transitoria hasta que el Ejecutivo proceda a desarrollar las normas reglamentarias de la Ley de junio del pasado años que abría la vía para el uso de las lenguas cooficiales en esta materia.
Los nacionalistas quieren que se acelere dicho el desarrollo reglamentario dado que la citada Ley establecía que se acometería en el plazo de tres meses y, pese a que han transcurrido ocho meses desde su entrada en vigor, todavía no se ha acometido.
Ante esta situación, CiU los nacionalistas catalanes reclaman en su iniciativa parlamentaria que, en el plazo máximo de un mes, proceda a acometer el desarrollo reglamentario para posibilitar de forma efectiva que las personas que residan en comunidades autónomas con lengua oficial propia distinta al castellano puedan utilizarla en las hojas de los libros registrales, impresos, sellos y sistemas informáticos.
El portavoz de Justicia de CiU en el Congreso, Jordi Jané, recalca que pese a que ya hay una Ley que permite el uso de las lenguas cooficiales en los registros civiles todavía no se permite su uso de forma efectiva porque se está dilatando el desarrollo reglamentario de la norma legal lo que, en última instancia, está perjudicando a los ciudadanos que quieren manejar el catalán, euskera o gallego en esta documentación.
A modo de ejemplo de la situación creada por la demora del desarrollo reglamentario de la citada Ley, Jané relata el caso de la familia del fallecido Francesc Ferrer i Gironés, quienes a en el mes de febrero solicitaron en el Registro Civil de Salt que los datos referentes a su defunción apareciesen en catalán, petición que fue negada por el Registro alegando que todavía no se habían desarrollado el reglamento de la Ley 12/2005, de 22 junio, del Registro Civil.
Para que no se produzcan más casos como este, el diputado nacionalista quiere que dicho desarrollo reglamentario se ejecute en el plazo máximo de un mes y que, de forma transitoria hasta que ello suceda, se permite a los ciudadanos que así lo requieran utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales. "El hecho de que no exista reglamento no debe impedir que se dicten instrucciones para la aplicación inmediata de una Ley que contó con un amplio apoyo en las Cortes Generales", afirma Jané.
