MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU forzará la próxima semana una votación en el Pleno del Congreso con la que pretende que el Gobierno de Mariano Rajoy retire la nueva regulación sobre las escuchas telefónicas sin autorización judicial que el Ministerio del Justicia ha incluido en su anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se trata de una moción que es consecuencia de la interpelación que el pasado miércoles el portavoz de Interior de los nacionalistas catalanes, Feliu Guillaumes, dirigió al ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, al que pidió explicaciones por la "guerra sucia" que, a su juicio, desarrolla el departamento que dirige en Cataluña.
En concreto, denunciaba las informaciones "sesgadas" y "falsas" que sobre distintos líderes catalanes, entre ellos el presidente de la Generalitat, Artur Mas, o el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, estaban siendo filtradas desde su Ministerio a los medios de comunicación como una campaña contra el soberanismo. El ministro negó la mayor e incluso animó a CiU a ir al "psiquiatra" por su "obsesión" y por "ver persecuciones en sueños".
POR CONCULCAR DERECHOS FUNDAMENTALES
En su moción, que recoge Europa Press, los nacionalistas catalanes instan al Ejecutivo a retirar la propuesta contenida en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorga al Ministerio del Interior la potestad de ordenar, sin autorización judicial previa, intervenciones telefónicas y de otra índole "por conculcar derechos fundamentales".
Sobre esta misma cuestión versará la pregunta que la diputada balear del PSOE y miembro de la dirección del Grupo Socialista en el Congreso, Sofía Herranz, dirigirá al titular de Justicia, Rafael Catalá. "¿Considera que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, en materia de intervención de las comunicaciones, respeta las garantías constitucionales", reza el interrogante registrado.
Al margen de este polémico punto de las escuchas policiales, sobre el que el propio Catalá comentó recientemente que espera que finalmente pueda llegar a un acuerdo con la oposición, la iniciativa de CiU también pide al Gobierno cambios en su política de Interior hacia Cataluña.
Así, le exige que garantice "el pleno respeto" a la legalidad y a los derechos fundamentales de los ciudadanos y que no haya filtraciones sobre informaciones "tendenciosas" o "interesadas" respecto de las investigaciones que realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado "con fines políticos".
OTRAS EXIGENCIAS
Además, pide al Gobierno que le informe sobre el incremento de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sido destacados en esa comunidad en el periodo 2012-2014, así como el coste anual que éstos suponen a la arcas del Estado.
Por último, CiU busca que el Gobierno garantice que las diferentes unidades policiales en que se organizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desarrollen sus funciones "con exclusiva sujeción" a la reglamentación interna que desarrolla la estructura orgánica de la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, con especial atención a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y la Unidad de Asuntos Internos.
El grupo que capitanea Josep Antoni Duran i Lleida plantea este último punto después de haber denunciado la existencia de una unidad policial específica en Cataluña que supuestamente estaría destinada a rastrear información sobre presuntas irregularidades y delitos de políticos catalanes para utilizarla en contra del proceso soberanista catalán, un extremo que el titular de Interior negó esta semana asegurando que se trataba de una información "absolutamente falsa".
