El PP catalán critica el texto y C's ya vaticina que "terminará" en el TC
BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La diputada de CiU Irene Rigau lamentó hoy que el anteproyecto de Ley de Educación, que hoy aprobó el Govern catalán --aunque con la oposición de uno de los tres socios, ICV-EUiA-- vaya "más allá" que la Ley de Política Lingüística de 1998 y permita que, si los padres lo desean, puedan escolarizar durante todo un curso escolar a sus hijos en castellano.
En rueda de prensa, Rigau aseguró que, según la Ley de Política Lingüística, las familias pueden decidir que sus hijos sean atendidos de forma "individualizada" en castellano únicamente en la fase de "acogida", y aseguró que con el texto actual, se abre la puerta a la escolarización en castellano en el segundo ciclo de educación infantil y en primero de primaria.
"Recomendaría ir al redactado de la Ley de Política lingüística, no ir más allá y dejar al buen criterio pedagógico de las escuelas" esta cuestión, dijo Rigau, quien resaltó que si en las últimas décadas, desde la restauración de la Generalitat tras el franquismo, ha habido inmersión lingüística, ello tiene que continuar siendo así.
Aseguró que el capítulo referente a esta cuestión en la Ley de Educación "no tiene nada que ver" con las sentencias sobre el asunto que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y al mismo, tiempo, expresó su confianza en que al final haya cambios en este apartado, después de que así lo pronosticase el mismo conseller de Educación, Ernest Maragall, este mismo mediodía.
Rigau recordó que, para la federación nacionalista, los poderes públicos deberían garantizar la gratuidad de la educación independientemente de que las familias escolaricen a sus hijos en centros públicos o privados concertados y alargar la concertación hasta los 18 años.
La diputada instó a abandonar "posicionamientos estrictamente partidistas" para alcanzar un acuerdo "que pueda harmonizar los derechos de las familias y las obligaciones de la administración".
CRÍTICAS DEL PP Y C's
Desde las filas del PP, su portavoz parlamentaria Carina Mejías consideró que la Ley de Educación nace "falta de consenso" por el mismo Govern, ya que no la apoya "uno de los socios", y además, resaltó que cuenta con la oposición "ácida" de sindicatos y "buena parte" de las asociaciones de padres.
Declaró que el Govern ha tenido una "actitud de ocultación" en esta cuestión, y se mostró partidaria de establecer "límites concretos" a la autonomía de centros educativos y "la gratuidad" en todas las etapas obligatorios. Dijo que si el texto actual se mantiene el PP presentará una "enmienda a la totalidad", y al mismo tiempo, reclamó un "bilingüismo integrador" en el sistema educativo catalán.
Desde C's, su diputado José Domingo, fue mucho más allá e incluso afirmó que la ley "terminará en el Tribunal Constitucional" (TC). Consideró que este anteproyecto "establece clarísimamente prioridad para el catalán y el occitano" y que "se alteran las bases de la Ley de Política Lingüística", por lo que dijo que dicho texto es "el modelo de ERC", que se caracteriza por ser "rancio" y "reaccionario".
