MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) presentó hoy en el Congreso cerca de 130 enmiendas parciales al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo relativo al recurso de casación, con el fin de adaptarlo al nuevo marco competencial que se define tras la aprobación del Estatuto de Cataluña.
En este sentido, el portavoz de CiU en la Comisión de Justicia, Jordi Jané, explicó que parte de las enmiendas tienen como finalidad adaptar la "Administración de la Justicia al Estado compuesto", por lo que la reforma de la LOPJ "debe atender a las competencias que se definen en el Estatuto catalán".
En concreto, Jané especificó que las enmiendas pretenden que el proyecto de ley recoja que las lenguas cooficiales "serán una herramienta utilizada en la Administración de la Justicia" y que se "exija su conocimiento como requisito para desarrollar funciones del Poder Judicial y del personal del servicio de la Administración de Justicia, que quieran obtener plaza en aquellos territorios que tengan lengua oficial propia".
Asimismo, CiU apuesta por que "se permita la constitución de cuerpos autonómicos de personal al servicio de la Administración de Justicia, respetando los derechos adquiridos de los funcionarios ya en activo, es decir, la carrera profesional y expectativas económicas".
RECURSO DE CASACIÓN
Otra de las enmiendas presentadas por CiU se refiere al recurso de casación para que se establezca que "debe corresponder a los Tribunales Superiores de Justicia y de las Comunidades Autónomas", reservando para el Tribunal Supremo la unificación de doctrina en Derecho estatal".
Respecto a la adaptación de las leyes procesales a la reforma de la LOPJ, el portavoz catalán señaló que "se debe mejorar la diferenciación de las funciones que ejercen los jueces y secretarios judiciales", al considerar que no queda del todo clarificado. Además, precisó que se "debe reconocer el trabajo que han venido desarrollando los procuradores de los tribunales".
Asimismo, Jané propuso para mejorar el proyecto de ley la "supresión de la Sala 5ª (de lo Militar) del Tribunal Supremo", al entender que "tiene escasa carga de trabajo, que sería asumida por las salas 2ª y 3ª respectivamente".