MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos quiere que el Tribunal de Cuentas se encargue de fiscalizar el posible desvío de recursos públicos a la organización del referéndum independentista celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017, después de que desde el Gobierno vengan asegurando que no se ha destinado ni un euro público a la financiación de esa consulta ilegal.
El partido naranja ha registrado en el Congreso una propuesta, para su debate en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, con la que pretende que la institución que preside Ramón Álvarez de Mirada incluya en su Programa de Fiscalizaciones para 2018 un informe integral sobre la posible financiación con dinero público del 1-O.
Según recuerda Cs en su iniciativa, el ministro Cristóbal Montoro aseguró el pasado agosto en sede parlamentaria que el Estado garantizaría que "ni un solo euro del presupuesto de la Generalitat" fuese destinado a financiar partidas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, ni que las decisiones políticas de la Generalitat pudieran poner en riesgo la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica y la estabilidad presupuestaria, incluido el pago a proveedores.
No obstante, añade, citando fuentes periodísticas, que el Ministerio de Hacienda habría ahora denunciado por carta al fiscal general del Estado que el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) no ha facilitado ningún expediente de gasto del ejercicio 2017, con lo que el departamento que dirige Cristóbal Montoro, reseña Ciudadanos, no ha podido verificar si el organismo financió con dinero público el referéndum del 1-O.
"ABUNDANTES RECURSOS DERROCHADOS"
Otra muestra de los "abundantes recursos derrochados" en esa consulta, según enumera, son los anuncios emitidos en TV3, en horario de máxima audiencia, con el logo de la Generalitat convocando el referéndum; varios portales de Internet con los distintivos oficiales de la Generalitat para organizar el 1-O; las propias urnas y papeletas, y el dinero gastado por el Govern de Carles Puigdemont desde el 30 de octubre de 2017, cuando huye junto a otros cuatro consejeros a Bruselas.
Ciudadanos ha venido cargando contra el Gobierno por sostener que no se ha dedicado recurso público alguno a la celebración de ese referéndum, una posición que viró hace dos semanas cuando en el Congreso Montoro admitió posibles facturas falsas no detectadas para financiar esa consultó.
"Es evidente que la Generalitat presidida por Puigdemont reunió, organizó y destinó cuantiosos recursos a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre", subraya Ciudadanos, quien cree que lo que no está tan claro es "cuál pudo ser el origen de estos fondos y si pudieron ser recursos públicos distraídos a un finalidad distinta de la permitida".
De hecho, los 'naranjas' señalan que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como el juez instructor de la causa contra el proceso secesionista, han hallado indicios de malversación, de acuerdo con los resultados de las investigaciones de la Guardia Civil, por un presunto desvío de fondos públicos a los fines secesionistas por parte de los miembros del Govern.
QUE COMPRUEBE EL PERIODO 2015-2017
En todo caso, y al margen de las responsabilidades penales que puedan derivarse de la investigación policial y judicial, Ciudadanos cree "necesario" que las Cortes Generales, a través del Tribunal de Cuentas, realice una fiscalización del funcionamiento de los controles de la legalidad del gasto público desde 2015 (al menos desde el 26 de octubre, fecha en la que se inició la XI Legislatura en el Parlament catalán) a 2017, a finales de cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas.
Dicho informe, según detalla, deberá abarcar tanto el sector público de presupuesto limitativo integrado por las todas las consellerías como los organismos autónomos y sociedades mercantiles públicas de presupuesto estimativo dependientes del Govern de Cataluña.
