MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos quiere saber si el Gobierno está supervisando las actividades de las delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el extranjero y si está sirviéndose de las embajadas y representaciones de España en el exterior para avisar a las autoridades de otros países de que la creación de esos órganos está recurrida en los tribunales.
El portavoz de Cs en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Fernando Maura, ha registrado estas dos preguntas en la Cámara Baja, para que el Ejecutivo las responda por escrito, tras la decisión de la Generalitat de restablecer el Diplocat.
En su iniciativa, la formación naranja recuerda que el presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, anunció que reabriría las delegaciones en varios países que habían sido cerradas como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que inauguraría otras en nuevos destinos.
Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación recurrió la apertura de las nuevas oficinas en Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, que la Generalitat aprobó el pasado junio.
Ese recurso se presentó porque la Generalitat comunicó al Ministerio la reapertura de las delegaciones solo 24 horas antes de aprobar el correspondiente decreto. Eso impidió que el departamento dirigido por Josep Borrell emitiese un informe sobre la adecuación de estos órganos al principio de la unidad de acción exterior del Estado, que el Ministerio de Hacienda analizase la eficiencia en la gestión de los recursos y que el de Política Territorial determinase si el gobierno autonómico se atiene o no a sus competencias.
Estas delegaciones de la Generalitat en el extranjero "son precisamente la estructura que habría permitido la difusión del relato independentista en el exterior", destaca Ciudadanos.
El partido liderado por Albert Rivera apunta que informes y anexos incorporados al sumario del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista detallan que el Ejecutivo de Carles Puigdemont utilizó fondos públicos del Diplocat para "fabricar noticias a favor del referéndum ilegal" del 1 de octubre de 2017 y "trasladar la idea de que la comunidad internacional respaldaba los planes del independentismo".
