La propuesta sobre la queja del eurodiputado Calvet aún está pendiente de propuesta por el departamento deontológico
MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid estudiará en su reunión de este jueves, convocada a las 16.30 horas, la petición de amparo presentada por el abogado Gonzalo Boye -que forma parte del equipo de letrados que defienden al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus exconsejeros huidos- por los ataques que denuncia ha sufrido a cuenta de la presentación de una demanda en Bélgica contra el instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
El abogado solicita que se le ampare frente a las amenazas que afirma haber recibido vía redes sociales como Twitter por parte de personalidades como el periodista Alfonso Rojo y los políticos Toni Cantó (Ciudadanos) y la ex miembro de Vox Cristina Seguí.
Respecto de este letrado también existe una queja presentada en el Colegio por el eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, si bien el análisis sobre este asunto se llevará a una Junta de Gobierno posterior porque aún no existe propuesta por parte del departamento deontológico, que es el competente para analizarla antes de que pueda tomarse una decisión.
Calvet pide al Colegio de Abogados de Madrid, y también lo ha hecho frente a un órgano colegial belga, que examine el comportamiento deontológico de Boye para aclarar su "nivel de responsabilidad" en la traducción errónea de las declaraciones del Llarena utilizadas para armar la demanda civil presentada contra el magistrado ante los Tribunales belgas.
Ambos asuntos tienen cierta complejidad jurídica, ya que hay que estudiar que la respuesta responda a lo regulado en los estatutos del Colegio de Madrid.
Además, no se descarta que de la discusión de estos concretos puntos del día se abstengan de participar tanto el decano José María Alonso como otro de los integrantes del órgano de gobierno, el vocal Juan Gonzalo Ospina, el primero por firmar un manifiesto en defensa del juez Llarena y el segundo por varios artículos publicados sobre este asunto, según han señalado fuentes colegiales a Europa Press.
