MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid estudiará en su reunión del próximo jueves la petición de amparo presentada por el abogado Gonzalo Boye -que forma parte del equipo de letrados que defienden al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus exconsejeros huidos- por los ataques que denuncia ha sufrido a cuenta de la presentación de una demanda en Bélgica contra el instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En otro punto del orden del día se analizará la queja presentada contra este mismo letrado por el eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa.
Ambos asuntos han sido estudiados por el departamento jurídico del colegio, que ha elaborado los informes de los que dispondrán los vocales en la Junta del próximo día 13 para poder discutir las acciones a adoptar.
El eurodiputado liberal solicita en su denuncia contra Boye que el colegio le sancione planteando incluso la suspensión colegial. Por su parte, Boye solicita que se le ampare frente a las amenazas que afirma haber recibido vía redes sociales como Twitter por parte de personalidades como el periodista Alfonso Rojo y los políticos Toni Cantó (Ciudadanos) y la ex miembro de Vox Cristina Seguí.
EL DECANO PODRÍA AUSENTARSE
Ambos asuntos tienen cierta complejidad jurídica, ya que hay que estudiar que la respuesta responda a lo regulado en los estatutos del Colegio. Además, no se descarta que de la discusión de estos concretos puntos del día se abstengan tanto el decano José María Alonso como otro de los integrantes del órgano de gobierno, el vocal Juan Gonzálo Ospina, el primero por firmar un manifiesto en defensa del juez Llarena y el segundo por varios artículos publicados sobre este asunto, según han señalado fuentes colegiales a Europa Press.
De confirmarse este extremo la resolución de la queja y del amparo respecto a Boye la votarían el resto de vocales de la junta del Colegio de Madrid, que son un total de 12.
En concreto, Calvet pide al Colegio de Abogados de Bruselas que examine el comportamiento deontológico de los letrados, para aclarar su "nivel de responsabilidad" en la traducción errónea de las declaraciones de Llarena utilizadas para armar la demanda civil presentada contra el magistrado ante los Tribunales belgas.
La representación letrada del expresident Carles Puigdemont insiste cambio de las palabras atribuidas al magistrado español en el texto inicial de la demanda -de las que podría inferirse una falta de imparcialidad respecto a la investigación a los exmandatarios catalanes- no puede ser atribuido en ningún caso a una supuesta manipulación posterior a la traducción al castellano del citado documento procesal. Además, este martes el equipo de abogados ha entregado a la justicia belga una corrección de la traducción inicial incluida en la demanda civil contra Llarena.
