MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado su "absoluta disconformidad" a la "imposición" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha anunciado que serán estos profesionales los que se encarguen de la gestión del Registro Civil.
Los registradores han recordado que ya manifestaron su oposición a la asunción del Registro Civil en su asamblea general celebrada en Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio.
Además, lamenta que no se hayan atendidos sus propuestas que, "a diferencia de la decisión adoptada respondían a las a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil".
Según este colegio, el anuncio de Gallardón pone de relieve su "desconocimiento" sobre la estructura del cuerpo de registradores, "formado por un cuerpo único de funcionarios que sirven indistintamente tanto registros de la propiedad como registros mercantiles".
"Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia", añaden.
SIN CONSENSO
El colegio ha lamentado que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, "cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza".
Asimismo ha expresado su "preocupación y malestar" por esta forma de proceder por parte del Ministerio que, ha avisado, puede provocar un "cisma" en el cuerpo de registradores después de "financiar y gestionar, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos".
La Junta de Gobierno de los registradores ha añadido que, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión de Justicia, estudiará y adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, "sin detrimento del interés general".
