BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, celebró hoy la aprobación de la Ley de los Derechos de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista, que reconoce el derecho a la protección efectiva, a la atención y asistencia sanitaria especializada, y a percibir prestaciones económicas.
En declaraciones a COMRàdio recogidas por Europa Press, Compte señaló que se trata de "un paso adelante", aunque se trata de una cuestión que requerirá de tiempo y "muchos avances progresivos" que habrá que reclamar a los poderes públicos, que no deben quedarse parados ante la evolución constante de la sociedad.
En ese sentido, señaló la necesidad de "contextualizar" las estadísticas sobre el incremento de los delitos de violencia de género, ya que, en su opinión, ese aumento no se debe a una supuesta ineficacia de la ley, sino al importante crecimiento de la población, fruto de la inmigración. Se trata de "gente que tal vez no ha tenido el tiempo suficiente de adaptarse a los nuevos criterios y los nuevos valores", apuntó.
Como prueba de los avances legales logrados en los últimos años, la fiscal superior de Catalunya recordó que las órdenes de alejamiento eran impensables hace 15 años y que "no hace tantos años" la mujer necesitaba el permiso de su marido para todo. Por ello, considera que la velocidad con la que se concedan las órdenes de alejamiento y protección integral es "un importante avance" y demuestra la eficacia de la ley, aunque no resuelva todos los problemas.
MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA.
La mejora del funcionamiento de la justicia, agregó Compte, es necesario "modernizarla y dotarla de medios y equipararla a otros ministerios", así como ciertas modificaciones legislativas para luchar contra la multirreincidencia y la reincidencia en delitos muy graves y delitos sexuales.
Compte recordó que la proporción de presos excarcelados que habían sido condenados por delitos graves y que tienen un alto riesgo de reincidir en Catalunya es igual que el del resto de países europeos con todas las garantías jurídicas, aunque en éstos sí hay medidas de prevención.
Una primera medida es la aplicación de la doctrina 'Parot', recomendada por el Tribunal Supremo, a los presos condenados por delitos graves a penas superiores de lo que permite la ley, es decir, que cumplan la pena máxima que permite la legislación penitenciaria --entre 20 y 30 años-- y así cumplan una condena proporcional a la gravedad de los hechos.
Asimismo, Compte aboga por la creación de un registro único que permita saber qué presos saldrán en libertad y, en caso de riesgo de reincidencia, poder adoptar medidas para evitarla. En ese sentido, lamentó que el control de las ejecutorias sea manual, si bien la Conselleria de Justicia prevé informatizar los juzgados en "dos o tres años".
La fiscal superior de Cataluña apuesta también por la creación de una base de ADN, ya que es "impensable" que las personas condenadas por delitos graves no estén obligadas a dar una muestra, así como por la supresión hormonal reversible, mal denominada 'castración química'. Una medida por ahora voluntaria que no elimina por completo el riesgo de reincidencia, y menos si no va acompañada de un tratamiento psicológico.
