MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
En Comú Podem defenderá en la próxima sesión plenaria ordinaria del Congreso, prevista para finales de mes, una proposición de ley para derogar la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que aprobó el PP en 2015 y que permite suspender temporalmente de sus funciones a las autoridades que incumplan las sentencias del Alto Tribunal.
Así está incluido en el borrador del orden del día del Pleno de la Cámara Baja previsto para el próximo 29 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se ha debatido en la reunión de la Junta de Portavoces convocada para este jueves.
En la exposición de motivos de su iniciativa, En Comú subraya que aquella reforma era "innecesaria", puesto que en el ordenamiento constitucional ya existen mecanismos para garantizar el cumplimiento de las sentencias".
DIÁLOGO Y NO ACCIONES PUNITIVAS
La iniciativa, registrada a finales de 2016 por el entonces portavoz de En Comú, Xavier Domènech, y su compañero de filas Josep Vendrell, recuerda que el PP impulsó esa reforma del TC en plena campaña de las elecciones catalanas de 2015 por motivos "puramente políticos y electoralistas" y que, por eso, su derogación debe ser el primer paso para entender que "los problemas políticos no se pueden resolver con amenazas y acciones judiciales punitivas" sino mediante el diálogo.
La reforma del TC permite al tribunal la imposición de multas de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus resoluciones y la suspensión de sus funciones de las autoridades o funcionarios que de la Administración responsable del incumplimiento. Esa suspensión puede prolongarse durante el tiempo necesario para asegurar la observancia de pronunciamientos.
La norma también prevé la "ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales", abriendo así la puerta a "requerir la colaboración del Gobierno de la Nación" que, según avisa En Común, podría haber "sido parte en los procesos", a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones".
QUIEBRA SU PAPEL ARBITRAL
La ley, cuya derogación plantea la confluencia catalana de Podemos, también permite "deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder" por los incumplimientos.
En Comú recalca en su texto que tras estudiar los recursos de la Generalitat y el Gobierno vasco, el TC avaló la reforma, pero se registraron tres votos particulares que la cuestionaban. A su juicio, con esta ley se otorgan al TC "funciones propias de los órganos del Poder Judicial" y se quiebra su "papel arbitral".
"Se altera pues el equilibrio de poderes del Estado al otorgar al Tribunal Constitucional unas potestades que exceden de su función de árbitro y que son más propias de un tribunal ordinario. Con ello se corre un grave riesgo de deslegitimación de un Tribunal que cuenta ya con un grave problema de credibilidad", argumentan desde En Comú.
