VALENCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, ha denunciado este sábado en un comunicado un nuevo envío de 10 inmigrantes ilegales a la región, dos en una semana --el pasado puente de Todos los Santos y ayer viernes--.
Blasco ha criticado que el Gobierno ha enviado desde 2005 un total de 182 ilegales a la comunidad desde Barcelona en vez de desde Canarias, Ceuta y Melilla. Así, le ha exigido una financiación acorde con la realidad migratoria de la comunidad.
El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y su Gobierno "nos mandan inmigrantes ilegales que correspondería atender a Cataluña, que recibe el doble de ayudas a la inmigración que nuestra región --15,6 millones de euros frente a 7,6 millones--", ha dicho Blasco.
En esta línea, ha indicado que el Gobierno ha recortado el Fondo de Acogida e Inmigración en un 65 por ciento y ha aprobado otro recorte del 40 por ciento para 2011, "lo que pone en serio peligro las labores humanitarias y la cobertura de las necesidades básicas a estas personas, que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad". Por este motivo, ha reclamado al Gobierno socialista que destine para la inmigración el triple de lo que dedica en la Comunitat para atender a las 884.622 personas inmigrantes que residen en tierras valencianas.
INMIGRANTES IRREGULARES
Por otra parte, Blasco ha recordado que un total de 5.381 inmigrantes irregulares han llegado a la Comunidad Valenciana en los últimos cuatro años. De ellos, 5.083 han sido remitidos por el Gobierno desde Canarias, Ceuta y Melilla para que la Generalitat se haga cargo de ellos, pero a éstos hay que sumar los 298 inmigrantes que han llegado en patera a las costas de Alicante desde 2007 "y de los que también se hace cargo el Gobierno autonómico", ha matizado.
Ante ello, entiende que "la situación se hace cada vez más compleja y el Gobierno de Zapatero, en lugar de adoptar medidas, recorta cada vez más la financiación para la inmigración y delega toda la atención a los inmigrantes irregulares en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos".
