Concluye la toma de declaración de los detenidos de la Diputación de Lugo, a la espera del arresto del décimo imputado

Actualizado: sábado, 20 mayo 2006 23:09

LUGO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La toma de declaración de los arrestados por la presunta trama irregular en la adjudicación de obras públicas de la Diputación de Lugo concluyó a última hora de la tarde de hoy con la intervención de las dos últimas imputadas que restaban por comparecer, Victoria Díaz y Ángeles Prieto, esposas de otros dos implicados, que quedaron en libertad con cargos.

De esta forma, por el momento, el caso tan solo tiene pendiente la detención de Luis María Álvarez Prieto, ingeniero municipal de Lugo que reside en Canarias y que todavía no ha sido localizado, y que era empleado del gabinete de ingeniería de Senén Prieto, al que le fueron adjudicados la mayor parte de los contratos del ente provincial en los últimos 15 años.

La jueza de guardia de la Audiencia Provincia de Lugo, Ángela Galdrán, decidió hoy dejar en libertad con cargos a seis de los diez imputados, tres de ellos tras abonar una fianza de 18.000 euros. A lo largo de esta mañana, cuatro de los relacionados con la consultoría de Senén Prieto prestaron declaración y, en el caso de uno de ellos, el administrador, Jesús Rodríguez, fue puesto en libertad sin fianza.

Los otros tres, entre los que figuran los maridos de las últimas comparecientes, el ingeniero jefe de vías y obras de la diputación, Alberto Fernández; y el ex funcionario José Manuel Romay, ya jubilado; tuvieron que abonar 18.000 euros. En todos los casos se les imputan hasta seis delitos por parte de la Fiscalía, como son los de cohecho, malversación de fondos, prevaricación y falsedad documental.

El abogado de Fernández comentó después de que Fernández prestase declaración que la Fiscalía no había hecho "ninguna imputación concreta" contra su patrocinado, que compareció durante 15 minutos, según el letrado.

De esta forma, de los nueve imputados que declararon hasta ahora, todos están en libertad con cargos, cinco de ellos tras abonar 18.000 euros de fianza y cuatro sin ella, concretamente Jesús Rodríguez y Marifé Sánchez, empleada de Setramur, empresa dedicada a la señalización y mobiliario urbano.